La hora cero de Benavides

La investigación contra el magistrado Víctor Benavides superó este miércoles los laberínticos altibajos políticos de la Asamblea Nacional que la tenían casi inmóvil desde hace dos semanas. La Comisión de Credenciales designó a los diputados Héctor Valdés, Kathleen Levy y Ana Matilde Gómez como los jueces de garantías del proceso y, poco después, el pleno legislativo eligió a Jorge Alberto Rosas como fiscal.

Así las cosas, Benavides será inquirido en los próximos dos meses por los supuestos delitos contra la administración pública e integridad sexual, con base en las revelaciones de su exescolta Vicente Caballero, quien desde el penal de Santiago ha sostenido que el magistrado vendía sus fallos y era pedófilo.

Rosas aceptó la designación sin objeciones, en una sesión de menos de una hora en la que sólo el opositor Carlos Afú se abstuvo. Rosas fue propuesto por Jorge Iván Arrocha, considerado antes como uno de los posibles fiscales de la causa.

En Credenciales la historia fue diametralmente distinta. La sesión para designar a la subcomisión de Garantías se retrasó dos horas, en espera de que el PRD terminase una reunión de bancada. En el recinto se especulaba sobre la presión que ponía ese partido al oficialismo para hacer quórum. El presidente de la Asamblea, Adolfo Valderrama, se apareció para disipar las dudas. ‘No hay nada de eso', rebatió.

DÍA DE MANIOBRAS

El panameñismo actuó con una celeridad inesperada. Hasta hace unas semanas, las voces de la sociedad civil organizada cuestionaban el desinterés de investigar este affaire . El cambio ha ocurrido hace una semana, con el llamado a sesiones judiciales, y el estallido del nuevo escándalo por el supuesto tráfico de un proyecto de fallo entre Benavides y el rector de la Universidad de Panamá, Gustavo García de Paredes.

Luis Barría, el presidente de Credenciales, fue quien propuso a los jueces de garantías, ratificados casi en pleno, si no fuese por el salvamento de la diputada independiente Ana Matilde Gómez, quien intentó zafarse de la designación, sin éxito.

Gómez pedía a la comisión considerar la posibilidad de que la inhabilitaran, dado que es Benavides, justamente, el ponente de una denuncia por supuesta extralimitación de funciones en su contra, y que llegó en marzo a la Corte. ‘Pido se considere si ese hecho significaría algún viso o daría impresión de parcialidad hacia él', insistió.

La comisión consideró, sin embargo, que sus argumentos no eran causales de impedimento.

‘Los únicos son el parentesco en cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o haber intervenido en la formación del acto que originó la investigación', replicó la perredista Zulay Rodríguez, en lectura del Código Procesal Penal.

BENAVIDES, EN SILENCIO

La sesión ocurrió a la vista del abogado Ángel Gómez, defensor del magistrado. ‘Se va a probar que nada de esto es cierto', recalcaba. El jurista sostiene que Benavides no dará explicaciones públicas a las acusaciones que han llevado al Legislativo a declararse en sesiones judiciales por segunda vez en menos de un año.

De hecho, el pleno se convocó 20 días después de cerrar sesiones y confiado en que el presidente Juan Carlos Varela no haría convocatorias extraordinarias, sólo por las presiones que le ha generado la crisis en el Judicial, por los señalamientos hacia Benavides.

La exlegisladora Teresita de Arias dijo no entender cómo la Corte no ha exigido a Benavides separarse del cargo mientras se le investiga, tal cual ocurrió en octubre pasado con el otrora magistrado Alejandro Moncada Luna. Para el exmagistrado Edgardo Molino Mola, sin embargo, la Asamblea tiene ya todas las pruebas para actuar.

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¿RENUNCIA?

Una salida estratégica

‘El magistrado Víctor Benavides podría renunciar para no enfrentar investigación (en la Asamblea Nacional)', aseguró ayer Ángel Álvarez, el abogado que ha denunciado al juez de la Corte por supuesta venta de fallos y pedofilia.

La posibilidad había sido contemplada durante toda la jornada de este miércoles por una variedad de fuentes judiciales, quienes dijeron a este diario que el magistrado intentaría así bajar las revoluciones de los cuestionamientos que pesan sobre él. En diciembre debería abandonar su cargo, tras diez años de ejercicio.

Ángel Gómez, defensor de Benavides, echó por tierra esa posibilidad, al considerar que ‘como las acusaciones no son ciertas, no tendría por qué renunciar'.

Para el abogado Miguel Antonio Bernal, una dimisión no debería ser excusa para detener la investigación. ‘Tendría que ser procesado bajo la justicia ordinaria', explicó. A su juicio, las pesquisas tendrían que pasar a una fiscalía superior, por la calidad de los supuestos delitos. Otras voces creen que a una de circuito.

Teresita Yániz de Arias,

‘ ¿Cómo la CSJ no ha pedido a Benavides separarse mientras se investiga',

EXLEGISLADORA