Juez: en el caso pinchazos no hay testigos protegidos

El juez Décimo Sexto de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, Enrique Pérez, determinó que el testigo protegido 8430145, hasta el momento considerado ‘clave' en el proceso judicial por los pinchazos telefónicos, es un simple ‘denunciante'.

Según decidió el juez en la audiencia preliminar del 18 de agosto de 2015, ‘al declarante se le dio la condición de testigo protegido, pero quitándole la palabra protegido, porque ese señor no es ningún testigo, es un denunciante a la luz del artículo 1995 del Código Judicial'.

Según trascendió en la audiencia, esa persona se enteró de los pinchazos al entrar en contacto con un funcionario del Consejo de Seguridad, quien le expresó su remordimiento por las interceptaciones telefónicas ilegales.

El Ministerio Público ha demostrado que 150 personas fueron afectadas, aunque extraoficialmente la cifra llega a 600, entre espiados permanente y temporalmente.

El 29 de julio de 2014, el testigo se citó con el fiscal auxiliar Marcelino Aguilar.

El artículo 1995 del Código Judicial indica que ‘el que, por cualquier medio, tuviere noticias de la perpetración de un delito perseguible de oficio, está obligado a poner el hecho en conocimiento'.

De acuerdo con el juez, ‘el testigo protegido es solo un señor que presentó una noticia criminis de un hecho punible que se acreditó' .

Añade que lo que ocurrió fue que ‘el fiscal le dio la condición de protegido por la situación de temor en la que se encontraba. El señor no es ni siquiera parte del proceso', declaró.

Roniel Ortiz Espinoza, abogado de Gustavo Pérez, quien en este caso está acusado de delito contra la libertad individual en perjuicio de un número plural de personas, interpuso ayer una querella penal contra el fiscal auxiliar Marcelino Aguilar, Xiomara Rodríguez, secretaria general de la Fiscalía Auxiliar, y James Corro y Ricardo Muñoz, agentes del despacho delegados para investigar delitos contra la administración pública (abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos).

El jurista aseguró que los funcionarios abusaron de su cargo tomando en cuenta que con la declaración del testigo protegido falso se hicieron allanamientos, ordenaron indagatorias y detenciones preventivas, además, se contestaron hábeas corpus, fianzas y un sin número de diligencias.

Ortiz aseguró que no se justifica que a esa persona (testigo protegido) se le otorgara esa característica. El juez, aun cuando cuestiona la decisión de la Fiscalía, cree que se hizo por ‘temor'.

El abogado ha solicitado que se practique una inspección ocular al libro donde se registraron las generales del testigo, a fin de acreditar su sospecha de que la dirección y número de teléfono que dio es falsa.

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ACUSADOS POR LOS PINCHAZOS

Alejandro Garuz y Gustavo Pérez fueron enjuiciados por el caso.