‘Procurador debe vigilar la conducta de Humbert’, Cedeño

A la sede de la Procuraduría General de la Administración acudió hoy el abogado Ernesto Cedeño para solicitarle por escrito y de manera formal a quien dirige esta institución, Rigoberto González que vigile la conducta del contralor general de la República Federico Humbert.

A juicio de Cedeño, esto se debe hacer con la misma contundencia y pertinencia que lo está haciendo (el procurador González) con el actual gerente general de la Caja de Ahorros (CA), Mario Rojas.

Cedeño expresó que el actual gerente de la CA, Mario Rojas ha sido motivado (a solicitud del procurador González) a ser parte querellante la investigación,  que se adelanta en la Fiscalía Primera Anticorrupción sobre supuestas irregularidades en una línea de crédito por $10 millones, que otorgó la Caja de Ahorros a los contratistas del fallido centro de convenciones de Amador.

El abogado Cedeño recordó que Humbert no ha auditado las partidas circuitales que utilizaron los diputados en el periodo constitucional anterior (2009-2014).  El abogado ha solicitado en reiteradas ocasiones que se investigue el uso que le dieron los diputados a estos recursos millonarios del Estado, sin embargo, hasta la fecha, no se ha hecho.

“El Contralor no quiere auditar las partidas circuitales y estos señores diputados nos tienen que rendir cuentas de más de $403 millones que administraron”, destacó el jurista al momento de plantear su nueva solicitud ante la Procuraduría de la Administración.

Además el abogado mostró su preocupación por lo que considera “un abuso” que existe de parte de los fiscales del Ministerio Público en la aplicación  de la medida cautelar de detención preventiva, así como se ordenó en el caso de Riccardo Francolini (ex gerente de la Caja de Ahorros).

Como jurista explicó que ésta es la última medida cautelar que se aplica. A su parecer en muchos de los casos, no se ameritaba tal castigo, porque no existía peligro de fuga o temor de que se destruyeran las pruebas del proceso. Recordó que la ley que rige esta materia establece estas causales para aplicar la detención preventiva.

“Queremos justicia, pero que se honren las garantías fundamentales de cualquier ciudadano panameño”, concluyó Cedeño.