Díaz definirá demanda contra resolución de la Contraloría

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia Harry Díaz definirá el futuro del Decreto 441-2016-DmySc del 25 de octubre de 2016 de la Contraloría Nacional de la República, que regula los donativos y subsidios que otorgarían los diputados mediante presupuesto de la Asamblea Nacional.

Tras el reparto de expedientes, a Díaz le correspondió la demanda de inconstitucionalidad presentada por Ernesto Cedeño, que sostiene que la ‘función legislativa es ejercida por medio de la Asamblea Nacional y consiste en expedir las leyes necesarias para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las funciones del Estado declarado en la Constitución'.

Agrega el abogado que el decreto de la Contraloría va en contra del numeral 2 del artículo 280 de la Constitución, sobre la funciones de la Contraloría.

A través de un comunicado, la Contraloría explicó que el departamento de Auditoría Interna de la Asamblea Nacional tiene el deber de velar porque se cumplan los controles, tal como lo establecen las Normas de Control Interno Gubernamental y lo dispuesto en el manual aprobado por la Contraloría.

El siguiente paso tras la admisión de la demanda será analizar si esta cumple con todos los requisitos, pero el demandante está seguro de que seguirá el curso.

‘Esperamos que la Corte establezca la doctrina de que los diputados están para legislar y no para prácticas clientelistas', manifestó Cedeño.

La resolución de la Contraloría establece que los diputados pueden donar en subsidios o donativos hasta $20 mil, con la autorización del presidente de la Asamblea.

La decisión de la Contraloría es vista por diversos sectores como una forma de legalizar las ‘partidas circuitales'.

Los donativos que pueden realizar los diputados son: personales ($2,500), estudios ($5,000), apoyo deportivo para atletas ($5,000), gastos médicos ($10,000), organizaciones sin fines de lucro ($10,000), apoyo a juntas comunales ($15,000), apoyo deportivo para organizaciones ($20,000).