Retrasos en entrega de auditorías forenses al MP

La exdirectora de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) Giselle Burillo fue beneficiada este lunes con un fallo de sobreseimiento provisional por el Juzgado Décimo Sexto Penal de Panamá.

La instancia judicial procesó a Burillo y a otras seis personas por el supuesto delito contra la administración pública, por posibles sobrecostos en la contratación de furgones y remolques para transportar plantas móviles en la ciudad capital y en el interior, como parte de las acciones que realizó en el periodo que estuvo al frente de la Ampyme, durante el gobierno de Ricardo Martinelli.

La decisión del juez Enrique Pérez se fundamentó en que la Contraloría General de la República no ha entregado el informe de la auditoría que se hizo con respecto a la gestión de la exfuncionaria.

Burillo es investigada por la Fiscalía Primera Anticorrupción por supuestos sobrecostos en el contrato de vehículos para transportar plantas móviles en la capital y el interior.

El rumbo del caso de Burillo se puede repetir en otras investigaciones que están en manos del Ministerio Público, pero que están en vías de pasar al Órgano Judicial para su juzgamiento.

La Estrella de Panamá conoció que como en el caso de Burillo, en varios procesos la Contraloría General de la República no ha remitido a las autoridades de investigación los informes de auditoría.

Fuentes judiciales informaron a La Estrella de Panamá que una situación similar se enfrenta en la auditoría de la Caja de Ahorros, investigación que mantiene a varios de sus exdirectivos con prisión preventiva y otras medidas cautelares.

Hechos similares se repiten en la investigación que se realiza a exfuncionarios del Ministerio de Educación, por supuestos sobrecostos en la compra de instrumentos musicales.

Otros casos en estas condiciones son la compra de los radares a Finmeccanica y el alquiler de helicópteros.

En el mismo punto están las juntas comunales, la autopista Panamá-Arraiján y el aeropuerto Scarlet Martínez de Río Hato.

Burillo manifestó que Ada Romero le hizo acusaciones ‘falsas' con expedientes ‘amañados'.

‘La señora Ada Romero salió por la puerta de atrás, mientras que hoy se me hizo justicia y se me dio el sobreseimiento', destacó la exfuncionaria.

Burillo aclaró que no existía ninguna evidencia que podría culparlos a ellos, de manera que en Ampyme se hizo todo de acuerdo a lo que establece la ley.

Por su parte, el abogado Carlos Carrillo destacó que Giselle Burillo tiene un año de estar sufriendo acusaciones públicas, por lo que espera que el Ministerio Público no dilate más la definición de los casos.

Los otros implicados en las investigaciones en la Ampyme son: David Rivera, Carlos Aguilar, Pablo Jaramillo, Juventino Iturralde, Carmela Jiménez y Guillermo Ortiz.