Bancadas buscan fórmula para destrancar ‘el 245'

A partir de la sesión de hoy, el pleno de la Asamblea Nacional debatirá sobre al menos unas veinte modificaciones al polémico proyecto de ley 245 que trata sobre el hacinamiento en los centros penitenciarios del país y que además establece la normativa para la manera en que se pactarían acuerdos entre el Ministerio Público y los sindicados en procesos penales.

PROYECTO DE LEY 245

La iniciativa legislativa trata el hacinamiento en cárceles

La iniciativa se discute en segundo debate desde el miércoles pasado.

Hasta la fecha no se ha presentado de manera formal ninguna propuesta al artículo que trata de sobre los acuerdos.

Paralelamente, se espera que la s tres bancadas legislativas más grandes de la Asamblea Nacional mantengan una serie de reuniones que permita destrancar el debate. Las reuniones serán por separado a fin de lograr algún acuerdo para llegar a un consenso sobre el tema de los acuerdos.

Previo a la sesión de hoy, se reunirá la junta directiva ampliada, encuentro en la cual el tema central será el proyecto de ley 245 y el artículo sobre los posibles acuerdos.

A la fecha, se han dedicado dos sesiones al debate del proyecto de ley 245, pero no se ha tomado ninguna decisión. No se ha avanzado, salvo de las explicaciones del Ministerio Público, así como los alegatos a favor del presidente de la Comisión, Quibian Panay y la diputada Ana Matilde Gómez.

MODIFICACIONES AL 245

Durante la discusión en primer debate, los diputados presentaron 20 propuestas de modificación, ninguna de las cuales se relaciona con el artículo 220 del Código Procesal Penal que permite los acuerdos.

Quibian Panay, presidente de la Comisión de Gobierno, reconoció que no hay acuerdos porque ‘existen dudas de parte de quienes creen que se deja abierta la posibilidad de que actores principales de los hechos puedan ser eximidos de la formulación de cargos'.

Sin embargo, aseguró que se trabaja en la redacción para que esto quede bien claro. En todo caso, el acuerdo debe ser avalado por el juez, no sería una decisión del Ministerio Público.

En tanto, el presidente de la Asamblea Nacional, Rubén De León, sostiene que ‘no importa cuántas modificaciones se introduzcan, lo importante es que vamos a tener un instrumento jurídico que necesita el Ministerio Público para realizar las investigaciones.

Reconoció que el instrumento legal puede ser utilizado en ‘casos muy sonados de corrupción'.

La diputada Ana Matilde Gómez, quien fue procuradora de la Nación, insiste en que a pesar de las posiciones encontradas hay que discutir el proyecto de ley.