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03 de Mar de 2021

Política

Reforma electoral acumula más rechazo ciudadano

Y es que la campaña presidencial para las elecciones de 2019 podría llegar a costar hasta $86 millones, unos $27 millones más que la de 2014

Reforma electoral acumula más rechazo ciudadano
La Comisión de Gobierno de la Asamblea debatió el proyecto de ley en primer debate, sesiones a las que asistieron los voceros de la sociedad civil.

Lo que en un principio fue un pedido por parte de ciudadanos y distintos gremios de hacer más transparentes y equitativas la campaña electoral, hoy es una preocupación ante lo que consideran ‘legitimará la ilegalidad a través de un tope millonario para gastar en las próximas elecciones', advierten distintos grupos de la sociedad civil.

Y es que la campaña presidencial para las elecciones de 2019 podría llegar a costar hasta $86 millones, unos $27 millones más que la de 2014.

Así sería en caso de que se mantenga un pacto político entre las bancadas legislativas para aprobar la reforma electoral y permitir que se fije un tope de $12 millones de donaciones privadas para gastar en las elecciones presidenciales del año 2019.

Freddy Pittí, del Foro Ciudadano, señaló que emitirán una nota como organización señalando que se levantan de la cortesía de sala otorgada por el pleno de la Asamblea Nacional, ante el rechazo por lo que consideran que el tope de $12 millones ‘no fue lo que se discutió inicialmente en la Comisión de Gobierno en el año 2016', cuando se le dio el primer debate al proyecto de ley 292.

‘No hemos entendido como ciudadanos que estas reformas nos impactan a tal punto que pueden desembocar en conflictos como el caso de Odebrecht o ‘Los Papeles de Panamá', que son consecuencia, en parte, de la agenda electoral, porque el problema electoral es la génesis de todos los conflictos en este país', los cuales terminan en el cobro de coimas u otros actos de corrupción, cuestiona Pittí.

Las organizaciones hacen un llamado de atención a los diputados de la Asamblea Nacional y a la vez al ciudadano organizado y no organizado en sociedades o partidos políticos para que no ignoren un cambio al Código Electoral que lo único que haría sería perpetuar el clientelismo a través de un tope de campaña multimillonario, dijo.

En tanto, Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana, recordó que son los ciudadanos, junto con las organizaciones, los que deben presionar para que se hagan los cambios profundos a nivel electoral y social.

‘Los diputados han acordado topes excesivos en tema de financiamiento, completamente alejados del espíritu inicial de la petición de reformas electorales', apuntó Castillo, quien participó por más de un año de las consultas de la Comisión de Nacional de Reforma Electoral.

La Red de Derechos Humanos de Panamá advierte que como organización ellos propusieron que las campañas electorales estuvieran basadas en ideas, con propuestas claras y profundas para la transformación de la ciudadanía y no una maratón lectoral que muestre a través de regalos y donaciones quién tiene más dinero para llegar a puestos de poder.

REFORMAS ELECTORALES

Grupos organizados de ciudadanos rechazan la propuesta

Se establece que los candidatos a la Presidencia de la República podrían recibir hasta $12 millones en donaciones privadas

Se suman $5 millones de subsidio electoral estatal para contratar publicidad.

Una vez más, ‘se confirma la falta de compromiso de los diputados panameños ante una demostración de su interés por mantener su statu quo para reelegirse cuantas veces quieran', advirtió Pittí.

Es el clientelismo y la compra de conciencias lo que aseguran, sostendrá esta nueva reforma, advirtió Catia Rojas, de Asamblea de Acción Ciudadana, quien considera lamentable una reforma al Código Electoral ‘tomando en consideración las necesidades de los diputados'.

Rojas advierte que la clase política hace oídos sordos ante las exigencias de la ciudadanía, ‘cansada de corrupción e impunidad', que había confiado en un consenso tras la discusión de las reformas electorales, que eran necesarias tal cual se había acordado.

Para estos grupos, los diputados demuestran que no tienen ningún interés de superar el reto de una crisis política e institucional en el país, e insisten en dar la espalda a quienes los eligieron y ubicaron en aquellos puestos de poder en los cuales están con el deber de actuar a favor del pueblo.