Estado pacta con Del Monte en un intento por reactivar Barú

Tras una serie de protestas, ayer, en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí, en reclamo de la definición del destino de esta región del país, la Contraloría General de la República, de manera sorpresiva, anunció el refrendo del contrato pactado entre el Estado panameño y la empresa Banapiña, subsidiaria de la transnacional Del Monte.

Una vez se conoció del refrendo de la Contraloría, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, solicitó a la Asamblea Nacional el respaldo para que el texto del contrato se convierta en ley de la República lo más pronto posible.

A la vez, el mandatario hizo un llamado a las fuerzas políticas del área baruense para que el tema no sea politizado.

Según conoció La Estrella de Panamá , a cambio de la concesión para la explotación agrícola, básicamente para la producción de bananos, la empresa invertirá una cifra que ronda los 100 millones de dólares, a cambio de 1,800 hectáreas donde se desarrollaría la actividad.

Según los términos del contrato, la explotación bananera se hará en Barú y Alanje, en Chiriquí, y en Chiriquí Grande, provincia de Bocas del Toro.

PROCESO LEGAL

El acuerdo, cuyo contenido hasta el momento no ha sido revelado, será sometido a consideración del Consejo de Gabinete el próximo martes, para luego remitirlo a la Asamblea Nacional, que debe discutirlo en los tres debates correspondientes para que se convierta en ley de la República.

A través de una nota de prensa divulgada ayer, la Contraloría de la República reconoció que ‘se tomó tiempo' para considerar el contrato, pues se trata de un tema técnico que requiere de un texto extenso y complejo.

Sin embargo, se informó que se alcanzó un consenso que garantiza los mejores intereses para el Estado panameño, a la vez genera beneficios para la empresa productora, pero también para la región del Barú, al contribuir con su ‘revitalización económica'.

Adelanto del contrato

Cumplida la fase de refrendo por la Contraloría General de la República y sometido el documento al aval del Consejo de Gabinete, se debe remitir el texto del contrato a la Asamblea Nacional, para que lo convierta en un contrato-ley de la República, la cual requiere también de la sanción del presidente de la República.

La Contraloría de la República informó que el contrato se desarrollará en un plazo no mayor de siete años, periodo en el cual la empresa debe hacer una inversión, no menor de $100 millones, lo cual generará unos 3,100 empleos directos y unos 12,000 puestos de trabajo indirectos, a través de la actividad comercial y otras conexas que se generen producto de la reactivación de la producción bananera.

PROCESO PARA EL CONTRATO

El contrato fue negociado por el Estado con la empresa

Cumplida la negociación, se procedió al refrendo de la Contraloría, que revisó los términos establecidos.

El Consejo de Gabinete debe avalar el texto del contrato y remitirlo a la Asamblea Nacional.

Una vez el Órgano Ejecutivo remita al Legislativo el texto del contrato, los diputados deben aprobarlo en tres debates para que se convierta en contrato-ley.

Paralelo a los puestos de empleo, el Gobierno Nacional impulsa un plan de inversiones en infraestructuras en el distrito chiricano, que experimenta una economía deprimida, luego de que se suspendió la actividad de producción de banano, desde que la empresa internacional Chiquita Brands abandonó el área por diferencias con el sindicato de trabajadores que operaba en la empresa.

El diputado Carlos Motta, del Barú, pidió a sus colegas en la Asamblea Nacional la aprobación de la propuesta por lo que representará este contrato para reactivar la economía de la región, que se mantiene contraída desde hace más de dos décadas, cuando se dejó de producir en el área.