Negociado con invasiones pone en riesgo tierras estatales

Actualizado
  • 17/04/2017 02:00
Creado
  • 17/04/2017 02:00
Cerro Galera, un área colindante con la región en la que funciona el área de Panamá-Pacífico, ha sido invadida y es investigada penalmente

Cerca de 23 hectáreas de terreno que son propiedad del Estado, ubicadas en el polígono conocido como Cerro Galera, distrito de Arraiján, corregimiento de Veracruz, provincia de Panamá Oeste, han sido tomadas por invasores que han generado un nuevo asentamiento informal que bautizaron como Vista al Mar.

INVASIÓN DE TIERRA ESTATAL

Los mismos invasores han denunciado el problema ante el Miviot

El asentamiento informal Vista al Mar está ubicado en Veracruz, en un área colindante con Panamá Pacífico.

Los censos realizados revelan que por el momento hay 208 familias invasoras en los terrenos ubicados en Cerro Galera.

Ya existe una denuncia penal de parte de la UABR en la que se pide que se investigue la manera en que se dieron los hechos y se sancione a los posibles responsables.

Un censo preliminar, elaborado por instituciones del Estado, ha revelado que en el asentamiento informal hay unas 208 familias que se instalaron allí sin autorización alguna del Estado. El terreno está cerca del Área Panamá Pacífico, en Howard. Algunos de los terrenos invadidos tienen vista al mar.

La Estrella de Panamá ha sido informada de que este asentamiento informal es promovido por un grupo de personas que comercializa terrenos estatales y que está cobrando a las personas entre $300 y 1,000 por lote.

El cobro se hace dependiendo del tamaño del lote al que se da acceso y las posibilidades económicas de las personas. Los cobros se hacen en efectivo.

Los ‘cabecillas' que lideran esta red ya han sido denunciados formalmente por algunos moradores del asentamiento que se sienten víctimas y resienten la manera intimidatoria en la que actúan los que denominan ‘cabecillas' de la red.

Incluso, en caso de atrasos en sus pagos, estas mismas personas les expropian los lotes y las construcciones informales que han hecho. Las expropiaciones de parte de estos ‘cabecillas' se dan cuando la persona no cumple una cuota de dinero establecida por ellos mismos —los cabecillas— a cambio de tener el lote para vivir en el lugar que no cuenta con vías de acceso ni servicios públicos.

ÁREA OBJETO DE INVASIÓN

Según los denunciantes, el área que es objeto de la invasión tiene más de 23 hectáreas, lo que sería bastante grande, si se compara con las cuatro hectáreas que fueron desalojadas hace dos semanas por agentes de la Policía Nacional de los terrenos privados que ilegalmente habían ocupado en Villalobos, corregimiento de Pedregal, distrito de Panamá.

La información a la que se ha tenido acceso revela que al parecer en Cerro Galera opera toda una estructura de comercialización con la tierra estatal y que además se intimida a las personas humildes, panameños y extranjeros, que son motivados a participar en esta actividad ilegal alegando la falta de una vivienda.

Además de liderar las acciones de invasión de las tierras, existe un monopolio para la venta de materiales de construcción, solo permiten el acceso al área de algunas empresas claramente identificadas y que son propiedad de los mismos que promueven la invasión de las tierras.

Estas empresas venden materiales como zinc y madera para que los invasores inicien la construcción de sus viviendas y se les venden a plazos.

El cuadro social se agrava al existir constancia de que las autoridades electas en el distrito han decidido respaldar a los promotores de la toma de estos terrenos del Estado, desatendiendo peticiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El asentamiento informal en Cerro Galera tendría repercusiones económicas por ser un área adyacente a la Agencia Panamá Pacífico. También se generan una serie de delitos y problemas ambientales por la deforestación, delitos migratorios y daño a la propiedad privada y pública que se está generando por la invasión de tierras del Estado.

DENUNCIA PENAL

La Estrella de Panamá tuvo acceso a una denuncia penal presentada por el secretario Ejecutivo de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR) del Ministerio de Economía (MEF), a fin de que se investigue la posible comisión de delitos en perjuicio del Estado, en la que se pide se sancione los delitos en los que hayan incurrido por la invasión de la finca madre 166144 y 182954, ambas en áreas revertidas.

En la denuncia, se menciona Vista al Mar como uno de los asentamientos informales que se han establecido en estas áreas que son propiedad del Estado.

La denuncia fue presentada el año pasado.

Incluso en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) existen denuncias de los propios invasores que advierten de presiones y abusos de los que son víctimas de parte de las personas que promueven la invasión y que le hacen los cobros ilegales a cambio de tener acceso a un pedazo de terreno en el área.

Con los censos que se han realizado a través de la UABR, se tiene identificado el número de invasores.

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