Sinaproc expresa preocupación por precaristas

José Donderis, director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), emplazó al alcalde de Arraiján para que desaloje a los residentes invasores del polígono conocido como Cerro Galera, corregimiento de Veracruz, provincia de Panamá Oeste, debido a que corren peligro, ya que estos terrenos son ‘susceptibles de deslizamientos y no son habitables'.

Este terreno abarca unas 23 hectáreas cercanas al Área Panamá Pacífico, en Howard. Algunos de los terrenos invadidos tienen vista al mar.

Donderis manifestó que la entidad emitió el Resuelto No. 1 del 15 de diciembre de 2016, en la que se alertó sobre el peligro que corren estas personas.

La preocupación de los estamentos de seguridad pública es que el riego de deslaves en la zona se incrementa con la llegada de la temporada lluviosa.

Donderis expresó que se debe evitar a toda costa que se repitan hechos como los ocurridos en el sector 4 de Samaria, San Miguelito, donde cedió la tierra tras la intensa una intensa lluvia en 2015. En ese momento, las autoridades desalojaron a cerca de cien familias que estaban en riesgo inminente.

Según indicó el Sinaproc, las autoridades locales de Arraiján —el alcalde y el representante— no han efectuado el desalojo de los invasores de Cerro Galera.

OMISIÓN DE LAS AUTORIDADES

Alonso Nieto, subsecretario ejecutivo de la UABR, expresó que ‘los gobiernos locales son entes políticos y por esos motivos en ocasiones no actúan con la diligencia que debería, a pesar de que estas personas viven en lugares de riesgo'.

El alcalde de Arraiján, miembro del PRD, Pedro Sánchez Moró, hasta el momento no se ha pronunciado en el caso de las invasiones de tierra que se registran en el área de Cerro Galera.

La Estrella de Panamá, el pasado 17 de abril, público un artículo en el que se expuso que esta invasión es promovida por un grupo de personas que comercializa lotes y que está cobrando a los que quieran vivir en el lugar entre $300 y $1,000 por parcela.

Según un censo preliminar, elaborado por instituciones del gubernamentales, se documentó que en el asentamiento informal viven unas 208 familias que se instalaron allí sin autorización alguna del Gobierno.

La UABR comunicó que se han realizado los enlaces para que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial pueda reubicar en el proyecto Ciudad Esperanza, en Arraiján, a estas personas.