Alianza Pro Justicia recomienda regular la partida discrecional del presidente

La partida discrecional asignada al Presidente de la República debe ser regulada para evitar el despilfarro de dineros del Estado en asuntos que no son de incumbencia del Estado.

La Alianza Ciudadana Pro Justicia, en un comunicado de prensa, reaccionó por el pago de $17 mil en una operación en un exclusivo hospotal privado a Rolando López, quien es el jefe del Consejo de Seguridad y que devenga un salario $10 mil mensuales.

 En el año 2004, recordó la Alianza, se logró que la partida discrecional se hiciera pública. "Parece que eso no es suficiente y se requiere aprobar una regulación que evite los excesos, el  despilfarro y mal uso de estos recursos" reclamó la Alianza.

Aunque esta partida no requiere el control previo de la Contraloría General de la Nación debido a que es de uso discrecional,  "estos fondos deben ser auditados posteriormente, para verificar que sean utilizados en el marco de lo que establecen las leyes y la Constitución Nacional para el uso de fondos públicos" recomendaron.

Por otra parte, las organizaciones sin fines de Lucro, los centros educativos y las congregaciones religiosas que reciban dinero proveniente de la partida discrecional deben ser auditadas por la Contraloría y deben colocar en sus sitios web toda la información sobre el uso de estos recursos. "Es inaceptable que organizaciones reciban fondos públicos y no rindan cuenta sobre su uso" reclamó la organización.

La Alianza Pro Justicia solicitó a la Contraloría General de la República y a la Autoridad Nacional de Transparencia que se pronuncien sobre el uso de esta partida discrecional y definan reglas éticas claras que pongan un alto a los excesos.

 Inicialmente esta partida fue creada para fines humanitarios, emergencias nacionales, proyectos comunitarios y de intereses comunes o imprevistos en la gestión de gobierno. "El nombre de partida discrecional debería ser revisado" destaca.

Por otro lado, los contratos,  las donaciones en la Asamblea Nacional, los sobrecostos en obras públicas y el uso indebido de la partida discrecional,  entre otras formas de despilfarro y robo descarado de fondos públicos, están ocasionado una lesión incalculable al Estado panameño que deben ser investigadas por ser actos criminales en contra de todos los panameños pero en especial de los más empobrecidos.