Ford y Suárez retoman indagatoria por caso autopista Arraiján- La Chorrera

Los extitulares de Obras Públicas (MOP), Jaime Ford y José Federico Suárez retomaron este martes indagatorias por el supuesto sobrecosto  en el proyecto de diseño y construcción para la rehabilitación de la autopista Arraiján - La Chorrera.

Ambos exfuncionarios estuvieron frente a esta institución durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014).

Desde 2015, el MP investiga una denuncia de Francisco Zappi por el supuesto sobrecosto en el proyecto de diseño y construcción para la rehabilitación y ensanche de la Autopista Arraiján - La Chorrera, por $60 millones.

A su llegada a la Fiscalía Anticorrupción, Ford aseguró que "no existe sobrecosto en la obra" y que tiene su conciencia limpia.

Mientras que Suárez afirmó que su administración fue apegada a la ley y que dará a conocer al fiscal todas las explicaciones de este y cualquier otro tema que sea necesario.

Investigación

Un informe que presentó la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional al actual ministro de Obras Públicas, Ramón Arosemena, refleja que hubo un sobrecosto (por $50 y $60 millones) en los cálculos de construcción.

Por este caso, se encuentra con medida cautelar de detención preventiva el empresario Daniel Ochy, representante de Transcaribe Trading (TCT), que ejecutó la obra.

Ochy se encuentra detenido desde el 22 de junio en una celda de la Dirección de Investigación Judicial.

Además tendrá que presentarse esta semana el también exministro de esta cartera José Federico Suárez.

El contralor, Federico Humbert, aseguró que existen deficiencias y defectos en la rodadura de la carpeta asfáltica de esta vía, por lo que pidió ejecutar la fianza de cumplimiento para culminar la obra.

El MP investiga un adelanto millonario que otorgó el gobierno de Ricardo Martinelli para las obras de ampliación y rehabilitación de la autopista Arraiján-La Chorrera y que fue utilizado para la compra de la Editora Panamá América, S.A. (Epasa), según reveló la procuradora de la Nación, Kenia Porcell.

De acuerdo con la funcionaria, se trata de $22 millones que el Gobierno Nacional pagó como adelanto a la empresa que se había ganado el contrato para los trabajos de la obra vial.

Porcell señaló que actualmente se realiza una investigación por blanqueo de capitales que alcanza a dieciocho personas, quince jurídicas, dos naturales y una firma de abogados.

Ambos exfuncionarios también están siendo investigados por la compra irregular de granos a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN) que se dio durante la pasada administración (2009-2014) y mantiene la medida cautelar de país por cárcel.