Transparencia pide a la Asamblea acatar fallo de CSJ

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana pidió a la presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego, acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que declaró inconstitucional el decreto de la Contraloría General que regula los donativos y subsidios que otorgan los diputados de la Asamblea Nacional (AN).

Esta decisión contó con el voto de cinco de los nueve magistrados que conforman el pleno de la Corte; tres se abstuvieron y uno votó en contra.

En un comunicado de prensa, Libertad Ciudadana señala que espera que los diputados no ‘usurpen funciones de autoridades locales, municipales y comunitarias a través de prácticas clientelistas en sus circuitos, buscando y procurando el manejo de fondos que la Constitución no les concede'

DATOS DEL PROCESO

La Corte aseguró que la Asamblea no puede entregar donaciones

El abogado Ernesto Cedeño presentó una demanda de inconstitucionalidad en la Corte.

El decreto de la Contraloría que regula las donaciones otorgadas por la Asamblea Nacional.

Confían también en las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía Segunda Anticorrupción y que todos los responsables del uso indebido de fondos a través de las supuestas donaciones, que ascienden a $14 millones, respondan ante la ley y se logre la recuperación de este patrimonio.

Para la organización, es decepcionante que quien representa el poder legislativo (Ábrego) insista en un mecanismo fuera de la ley, que ya probó ser una puerta trasera por donde se esfumaron $14 millones de los contribuyentes y una probada práctica corrupta. ‘¿Dónde está la institucionalidad? ¿Dónde está el respeto al estado de derecho?', cuestiona.

En 2016, el abogado Ernesto Cedeño presentó una demanda de inconstitucionalidad al considerar que el señalado decreto ‘patrocina el clientelismo político' de los diputados.

En su momento, la Contraloría respondió ante la decisión de la Corte indicando que su único interés al emitir el Decreto 441, que incluye un Manual de Control, fue ‘restringir el uso sin regulación' del dinero público, ya que antes no existía ningún tipo de limitación para disponer de estos recursos.

La norma dictada por la Contraloría establecía que los donativos en concepto de ayuda para gastos varios a personas pueden ser por sumas de hasta $2,500; gastos médicos, hasta $1,000; estudios, hasta $5,000; organizaciones sin fines de lucro, hasta $10,000; ayuda a juntas comunales, hasta $15,000; respaldo para organizaciones deportivas, hasta $20,000, y ayuda deportiva para atletas, hasta $5,000.