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02 de Jul de 2022

Política

Fiscalía pide juicio para 29 personas por corrupción en la Corte

Según el llamado de la fiscal de descarga, Adela Cedeño, hay 17 funcionarios judiciales, un exfuncionarios, los demás son particulares. La red sobornaba a jurados de conciencia entre otros

Fiscalía pide juicio para 29 personas por corrupción en la Corte
El epicentro de la red de corrupción era la secretaría del Segundo Tribunal de Justicia, según las investigaciones que se han plasmado en el expediente.

La Fiscalía de Descarga, a cargo de Adela Eydis Cedeño, pidió llamar a juicio a 29 personas vinculadas a una red que cobraba dinero a cambio de otorgar libertades a procesados del Segundo Tribunal de Justicia.

EL CASO DE CORRUPCIÓN

Una red organizada manipulaba decisiones judiciales

El 24 de agosto de 2015, el magistrado José Ayú Prado denunció corrupción de funcionarios.

La denuncia fue interpuesta en la Fiscalía Auxiliar.

Entre los procesados se encuentran once jurados de conciencia, 17 funcionarios del Órgano Judicial y un exfuncionario. La fiscalía también pidió sobreseimiento provisional para otras trece personas.

La vista fiscal del expediente reposa en el Juzgado Cuarto del Circuito Penal, a la espera de fecha de audiencia.

Este caso surge producto de una denuncia del magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, presentada el 24 de agosto de 2015.

Ayú Prado recibió información anónima que alertaba del cobro de coimas a cambio de liberar personas vinculadas con procesos penales y pago de sobornos a jurados de conciencia en el Segundo Tribunal de Justicia, en la Oficina de Descongestión Judicial y en los juzgados de circuito penal.

Los funcionarios de los juzgados del circuito penal, notificadores y un oficial mayor del Segundo Tribunal de Justicia establecían los contactos con los abogados y los familiares de los procesados por homicidios.

La red se dedicaba a negociar fianzas, retener boletas de capturas, fijar fechas de audiencias y sobornar a los jurados de conciencia.

El modus operandi, señala un informe que sirvió para presentar la denuncia, consistía en negociar las fechas de audiencia para conseguir otras más cercanas. ‘Para ello, el funcionario Blas Macre, quien es el que maneja el libro de las audiencias, cobra una buena cantidad de dinero para conseguir fechas a los abogados', señala el documento, que publicó La Estrella de Panamá en su edición del 16 de noviembre de 2015.

LA TRAMA

‘Ha quedado demostrado la existencia de una red de corrupción a lo interno del Órgano Judicial, a través de un grupo de funcionarios, con una asignación particular dentro de la organización', sustentó la funcionaria de instrucción en su vista fiscal remitida al Órgano judicial, el 15 de septiembre de 2017.

La investigación apunta a que la secretaria del Segundo Tribunal de Justicia era el epicentro de operaciones de esta red d ecorrupción.

Allí se tramitan los casos de homicidio de Panamá, Colón, Darién y Guna Yala.

La investigación, que se inició en 2015 en la Fiscalía Auxiliar de la República con la denuncia que interpuso Ayú Prado, fue remitida en 2016 a la Fiscalía de Descarga Anticorrupción.

En una diligencia del despacho de instrucción practicada en noviembre de 2015 se detuvo a por lo menos trece personas, entre funcionarios del Órgano Judicial y particulares. Las detenciones se dieron durante un operativo en el Segundo Tribunal Superior, el Juzgado Décimo Sexto Penal y la Oficina de Descongestión Judicial.

La red de corrupción incidía en decisiones judiciales de encausados en el Centro Penitenciario La Joya, La Joyita, y el Centro Femenino.

En este proceso también se llegó a mencionar a tres magistrados.