González pide a la Corte que lo declare impedido

El procurador de la Administración, Rigoberto González, pidió a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia que lo declare impedido de conocer las demandas civiles contra el Estado, presentadas por cientos de afectados por el envenenamiento masivo con medicamento contaminado con dietilenglicol.

Al menos 323 demandas contra el Estado y la Caja de Seguro Social (CSS) han sido presentadas por el abogado Víctor Orobio, en representación de víctimas certificadas del envenenamiento masivo. En cada demanda individual se exige $6 millones de indemnización; 107 ya fueron admitidas por la Sala Tercera.

González alega que la Procuraduría estuvo atendiendo reclamos de los afectados y actuando a favor de ellos en sus peticiones de mayor atención por parte del Ministerio de Salud y la CSS.

‘Como ya estuve accionando a favor de ellos, tengo que solicitarle a la Corte que me declare impedido, porque yo no puedo estar identificándome con lo que ellos han estado señalando y ahora cuando se presentan las demandas, yo tenga que darle contra a las mismas', dijo.

Orobio se opuso al criterio de González, tras señalar que serán los magistrados de la Sala Tercera quienes resolverán la causa y no el procurador.