Políticas de educación sexual, la discusión que la Asamblea evita

El pleno de la Asamblea Nacional aún mantiene en su temario el proyecto de ley 61, que adopta políticas de educación, atención y promoción de la salud.

Durante cuatro años este proyecto ha sido objeto de análisis con la participación de diversos sectores de la sociedad involucrados en el tema de salud sexual y reproductiva.

La iniciativa, en segundo debate, según ha sustentado en reiteradas ocasiones el presidente de la Comisión de Salud, Crispiano Adames, surge para darle al país un marco regulatorio que contenga las políticas públicas necesarias, eficaces y eficientes para dotar a las autoridades de herramientas para reducir la creciente tasa de menores embarazadas y el incremento de enfermedades transmisibles.

De 2011 a 2015, la cifra se mantenía por encima de las 10,000 menores encinta. De hecho, un informe publicado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), sobre América Latina y el Caribe, coloca a Panamá como la segunda región del mundo con mayor cantidad de menores embarazas: 66,5 nacimientos por cada 1,000 chicas de entre 15 y 19 años, una tasa solo superada por África subsahariana.

GÉNERO EN LOS LIBROS

En 2017 y 2018 se denunció contenido sobre orientación sexual

En noviembre de 2017, un libro de Cívica de la editorial Santillana que habla sobre la orientación sexual generó rechazo de grupos conservadores que se oponen a la ideología de género.

Un caso similar ocurrió el pasado mes de febrero, en La Salle, cuando los padres denunciaron contenido sobre unión igualitaria en libros para preescolares.

A juicio de Adames, contar con una Ley de Salud Sexual y Reproductiva, proporciona a las personas la habilidad de controlar su propia fecundidad. También señaló que en este documento se tiene presente el respeto a la dignidad de las personas, sus derechos, su conciencia, su cultura y los valores que la caracterizan, en concordancia con la Constitución Política, las leyes de la República de Panamá y los convenios internacionales.

Recordó que Panamá se ha comprometido en materia de derechos humanos con numerosos instrumentos internacionales tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, entre otros.

Parte del articulado del documento señala que el Estado está obligado a asegurar la disponibilidad y acceso a los métodos de planificación familiar, en forma gratuita o a costos mínimos, en las instalaciones sanitarias del Ministerio de Salud, de manera que permita responder adecuadamente a la demanda de la población.

UN DEBATE INCONCLUSO A PUERTAS DE LAS ELECCIONES

En una columna que publica en un diario local, el politólogo panameño Harry Brown Araúz hizo referencia al proyecto de ley 61 como la nueva fractura cultural en Panamá: por un lado, están los conservadores que rechazan la aprobación de esta ley; y, por el otro, el ala liberal o postmoderna, que ‘entiende la cultura y la educación como herramientas emancipadoras'.

La división fue más visible en 2016, cuando una multitudinaria marcha convocada por grupos evangélicos frenó la discusión del proyecto de ley y se bajó a primer debate.

Brown Araúz considera, a diferencia de los conservadores, el ala liberal está ‘desarticulada', pero ambos grupos ‘tienen el potencial de generar éxito electoral' ya sea creando sus propios partidos o aliándose con los existentes.

De allí que el politólogo recomiende llevar el inconcluso debate a las candidaturas que aspiran a la Presidencia de la República, un tema que podría decir más del candidato que su obvia posición frente a la corrupción.