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18 de Oct de 2019

Política

Tribunal de Cuentas no encontró lesión patrimonial en contrato de la UP

Se había señalado por el delito de peculado a cuatro personas, entre ellas el exrector de la Universidad de Panamá, por un compromiso que firmó la Facultad de Odontología

Gustavo García De Paredes, exrector de la UP.

El Tribunal de Cuentas exoneró al exrector de la Universidad de Panamá Gustavo García de Paredes y otras personas, por el delito de peculado o lesión patrimonial al Estado.

Ayer, la mencionada institución ordenó el cierre y archivo del expediente contra el exrector, contra Denis Javier Hernández, Juan José Zonta, Jimmy Zonta, Aland Zonta y la sociedad Multiservicios y Productos, S.A.

Por este caso, la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público abrió un expediente contra el exrector García de Paredes, por el supuesto delito de peculado. No obstante, el fallo del Tribunal de Cuentas dio un voto de confianza a la defensa que está a la espera de la decisión del Juzgado 15, donde se celebró audiencia preliminar recientemente.

Carlos Carrillo, del equipo de la defensa, afirma que esto debe provocar que el caso penal ‘se caiga, puesto que si no hay lesión patrimonial, no puede haber delito por peculado' contra su cliente. ‘Nadie puede decir que hubo una apropiación cuando el Tribunal de Cuentas ha determinado que no hay lesión patrimonial porque se cumplió el contrato', indicó Carrillo.

El caso se remonta a una auditoría con fecha del 1 de diciembre de 2015, que evaluó los documentos sustentadores de un contrato en que la empresa mencionada debía suministrar, instalar y acondicionar compresores y bomba de vacío en el depósito de la Facultad de Odontología de la Universidad de Panamá (UP) por la suma de $2,166,216.

El contrato también estipulaba que la UP se comprometía a pagar al contratista un anticipo de $500 mil, previa presentación de la fianza de pago anticipado por el 100% de la suma anticipada, con la orden de proceder.

El contrato entre las partes sufrió ciertos retrasos y adendas. Los magistrados analizaron las especificaciones del mismo. Observaron que el Consejo Administrativo de la UP aprobó los trabajos relativos al aumento de capacidad del sistema eléctrico, de aguas servidas y de distribución de aire comprimido, por un monto de $500 mil. También autorizó una extensión del contrato, casi por un año, y una adenda en la que se consignaron trabajos adicionales que modificaron el costo inicial del contrato.

La auditoría sostiene que si bien la adenda no fue refrendada por la Contraloría, ‘Multiservicios y Productos, formalmente entregó los equipos debidamente instalados y adjuntó acta de entrega que da fe de dicho acto por la suma de $2,000,196', se lee en el fallo.

Como resultado de los hechos expuestos, se determinó, según la auditoría, una afectación al patrimonio estatal por $37,330 que correspondían a las actividades relativas a las obras civiles y eléctricas que no fueron ejecutadas por la empresa pero fueron pagadas.

El fallo detalla que cuando el personal de Contraloría verificó en campo los equipos, se pudo identificar los trabajos efectuados y no efectuados por la empresa. De acuerdo con la auditoría, el hecho irregular consistió en que la UP pagó la totalidad del contrato sin que se hubieran cumplido todas las actividades civiles y eléctricas pactadas, ocasionando un perjuicio al Estado por $37,330.

Sin embargo, el Tribunal consideró que al analizar las constancias procesales, se observó que durante la ejecución del contrato la empresa identificó condiciones relacionadas al estado de la infraestructura de la Facultad de Odontología que ponían en riesgo la operación correcta del sistema a instalar, la inversión de los equipos contratados, así como la bioseguridad de los pacientes.

Estas fallas fueron detectadas durante la ejecución del contrato, ya que antes no se habían observado a simple vista. De hecho, refiere el fallo que varios informes mencionaban la necesidad de hacer adecuaciones a los sistemas de la facultad para poder completar los trabajos.

Lo anterior evidenció la necesidad de efectuar los trabajos que no estaban contemplados en el pliego de cargos, lo que provocó que el contrato original se modificara y se eliminaran ciertas actividades que totalizaban $37,330, suma que se tiene como monto de la lesión, mientras que las actividades aumentadas y adicionadas ascienden a $537,330.74, concluyendo que el total a favor del contratista es de $500,000.74.