Trabajadores reclaman a la Asamblea fecha de citación a gerente de Etesa y Asep

Ante la falta de definición con respecto a la fecha en que deben comparecer al pleno de la Asamblea Nacional, el gerente de la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa). Gilberto Ferrari y el administrador de la Autoridad de los Servicios Públicos (Asep). Roberto Meana, los trabajadores del sector eléctrico reclamaron ayer a los diputados una definición.

Al pronunciamiento se sumó la diputada, Zulay Rodríguez, quien dijo que la presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego está obligada a dar una explicaión, no solo a los trabajadores, sino también al país del por qué no se concreta la citación.

Jorge Alegría, secretario general del sindicato, dijo en conferencia de prensa que hay una serie de explicaciones que estos funcionarios le deben al país.

En primer lugar dijo que deben explicar el por qué de la insistencia del acto de  la licitación para la construcción de la cuarta Línea de Transmisión para la conducción de energía eléctrica.

Tanto Alegría como Zulay Rodríguez dijeron en conferencia de prensa que hay que explicar el por qué se insiste en la licitación en lugar de dejar que sea el gobierno que resulte electo en mayo, el que tome la decisión.

El dirigente de los trabajadores dijo que a estas alturas, la Tercera Línea de Transmisión de energía no está trabajando ni siquiera al 60%, entonces no hay razón para la nueva licitación.

A la vez deben explicar por qué hay una marcada insitencia en mudar las oficinas administrativas de Etesa, cuando quedan tan pocos días para que concluya la actual administración.

Alegría informó que cuando se privatizó el IRHE, la administración de Etesa, recibió un globo de terreno en la vía Ricardo J. Alfaro que tenía un valor superior a los $11 millones en el cual se pretendía construir la sede de la institución, incluso se presentó una maqueta, pero el terreno se vendió y a la fecha, no se sabe qué se hizo con el dinero.

Lo más grave es que a estas alturas, señaló Alegría es que ahora, se pretende alquilar las instalaciones de un edificio que no está terminado de construir y por el cual se pretenden pagar $10 millones.

La diputada Rodríguez añadió que todas estas son cosas que deben explicar los funcionarios ante la Asamblea Nacional y que por eso debe concretarse la citación ante el pleno legislativo