Asamblea aprueba suspender el pago de servicios

Actualizado
  • 01/04/2020 00:00
Creado
  • 01/04/2020 00:00
El pleno de la Asamblea Nacional aprobó ayer de manera unánime, el proyecto de ley 295 que establece la suspensión –por un periodo de cuatro meses– el pago de los servicios públicos de luz eléctrica, telefonía fija, móvil e internet, como parte de las medidas para aliviar la situación económica de la población ante la pandemia del coronavirus.

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó ayer de manera unánime, el proyecto de ley 295 que establece la suspensión –por un periodo de cuatro meses– el pago de los servicios públicos de luz eléctrica, telefonía fija, móvil e internet, como parte de las medidas para aliviar la situación económica de la población ante la pandemia del coronavirus.

Diputados de las diversas bancadas legislativas avalaron esta iniciativa impulsada por el diputado del Partido Revolucionario (PRD) Raúl Pineda, no sin antes pedir que se aclarase a la población, que es una suspensión temporal de estos pagos y no la condonación de la deuda que se acumule durante estos meses.

Este proyecto, que ahora deberá ser remitido al Órgano Ejecutivo para convertirse en ley de la República, sería aplicable a todas las personas que se encuentren en algunas de las siguientes circunstancias: Que el ingreso familiar percibido sea menor de $2,000 mensuales, que el ingreso familiar haya sido reducido, que a la persona se le haya suspendido su contrato laboral, que la persona haya sido destituida o no está laborando por la declaración de urgencia nacional, también los jubilados y pensionados.

La suspensión se daría por el término de cuatro meses, a partir del 1 de marzo de 2020, en todo el país.

También se beneficiarán todos los ciudadanos que, a partir del 1 de marzo de 2020, han sido afectados con una medida de terminación o suspensión de su relación laboral, inclusive aquellos casos en los que se ha modificado el contrato de trabajo, con reducción de la jornada laboral; los trabajadores por cuenta propia, micro y pequeñas empresas que hayan sido afectadas en sus ingresos; los dueños de restaurantes, bares, casinos, así como de medios transporte de servicio público y privado, que hayan sido afectados en sus ingresos.

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