Cortizo sanciona ley que permite uso de los fondos del FAP

Actualizado
  • 03/04/2020 19:24
Creado
  • 03/04/2020 19:24
La Ley es de carácter temporal y permite obtener fondos para solventar los problemas económicos en la población afectada por la crisis sanitaria

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, sanciona la ley que le permitirá el uso de los activos del Fondo de Ahorro Panamá (FAP) como parte de las medidas que se han adoptado para enfrentar la emergencia nacional por el nuevo coronavirus (COVID-19) y permite, además, la flexibilización del déficit fiscal.

La norma tiene como objetivo la adopción temporal de medidas de emergencia para proteger la vida de las personas, los bienes y el patrimonio nacional ante el grave riesgo colectivo que representa la crisis sanitaria, señaló el Ejecutivo en un comunicado de prensa.

La ley establece la implementación y ejecución de un proceso de agilización especial que permita la contratación, más expedita y eficaz, de todo tipo de obras, bienes y servicios necesarios para hacer frente a la emergencia sanitaria.

Además, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) queda facultado para presentar ante la Asamblea Nacional el traslado de partidas necesarias, a fin de que se faciliten y realicen la transferencia, traslados y reasignación de las partidas presupuestarias urgente y necesarias para reformar el financiamiento del estado de emergencia sanitaria.

También establece la flexibilización y aplazamiento del pago de impuestos, tasas y gravámenes, y medidas de flexibilización de las entidades financieras del Estado.

La ley tendrá una duración limitada y solo podrá ser aplicada en la medida que sea necesario atender la emergencia sanitaria y solamente podrán adoptarse medidas proporcionales a la emergencia que se pretende mitigar, explicó el Ejecutivo en el comunicado de prensa.

El Ejecutivo aclara que se adoptarán regulaciones y medidas, sin prejuicio de adoptar otras acciones regulatorias para la protección de la salud y la vida de la población, como la flexibilización de los objetivos del déficit previsto en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, y el traslado de partidas necesarias para ayudar a las personas, familias y empresas afectadas por el COVID-19.

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