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20 de Ene de 2022

Política

Aprueban en tercer debate el proyecto que crea el sistema de garantías y de protección de la niñez

Se establece el reordenamiento de las instituciones competentes para garantizar el cumplimiento de los derechos reconocidos local e internacionalmente

Aprueban en tercer debate el proyecto que crea el sistema de garantías y de protección de la niñez
Tras su aprobación en tercer debate, el proyecto deberá ser remitido al Órgano Ejecutivo quien deberá considerar su sanción o veto.Cedida

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó este martes en tercer debate, y de forma unánime, el proyecto de ley 567 que crea el sistema de garantías y de protección integral de derechos de la niñez y la adolescencia.

Las diputadas que intervinieron calificaron como un hito histórico la aprobación de este proyecto de ley, que aseguran tiene como fin la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia. Para la primera vicepresidenta de la Asamblea, la diputada Kayra Harding, el Estado panameño tiene una deuda histórica con esta legislación que ha sido consensuada de manera amplia tanto en la subcomisión de la Mujer y en la comisión de la Mujer, la Niñez y la Familia, donde acudieron todos los que tenían algo que aportar en esta materia.

“Se recogieron todas las opiniones de diversos sectores de la sociedad civil e instituciones relacionadas con el tema, conscientes de que es inaceptable que nuestra niñez no tenga esa protección que tenemos que brindarle”, señaló Harding. Por su parte, la diputada Corina Cano manifestó que es innegable que el país tenga una deuda con la niñez y la adolescencia por varias décadas.

“Esta propuesta es diferente a otras que no llegaron a buenos términos. Fue hecha por panameños que decidieron sentarse y discutirla, y no es producto de una consultoría externa costosa de organismos internacionales que desconocen la idiosincrasia de los panameños”, destacó.

Este proyecto, aseguró, no solo enumera le derechos de la niñez y la adolescencia sino que los desarrolla, y se establece en general quiénes deben garantizar esos derechos y los rectores de cada uno de esos derechos. “A cada institución rectora se le establecen competencias, funciones y responsabilidades”, señaló.

En tanto, la diputada Walkiria Chandler manifestó que el proyecto ofrecerá protección digna para nuestros niños y adolescentes.

Pidió a sus colegas diputados estar vigilantes para que una vez sea sancionada por el Órgano Ejecutivo, esta ley se cumpla. “Falta aún una milla extra para que este proyecto de ley no quede solo en letras”.

Aseguró que la norma aprobada es un paso importante en la dirección correcta para poder subsanar todo el daño que ha recibido la niñez panameña.

Mientras que la presidenta de la comisión de la Mujer, la Niñez y la Familia, la diputada Zulay Rodríguez, sostuvo que este no es un proyecto más, sino que es un proyecto integral que reúne normas de convenios y tratados internacionales que establecen la protección al niño y en donde la responsabilidad administrativa por la violación de esos derechos no solo va a recaer sobre el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), sino también en instituciones como el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, entre otras.

Precisó, además, que en este proyecto de ley se respeta el derecho de los padres de familia de educar a sus hijos. “No son los organismos internacionales los que nos van a decir cómo vamos a educar a nuestros hijos. Aquí se garantiza que el ordenamiento legal interno va a prevalecer y señala que los padres y las madres somos los responsables de nuestros hijos”.

Tras la aprobación de esta iniciativa legislativa, la ministra del Mides, María Inés Castillo, manifestó que ha sido un trabajo en equipo y en alianza, en donde se realizaron amplias consultas por meses con todos los sectores de la sociedad, luego de reuniones en la mesa de trabajo instituida en el Mides junto con la Asamblea Nacional, en donde nuevamente participaron todos los sectores.

“Hoy se marca un hito histórico con el cual se cambia la forma en la que nos aproximamos a los derechos de la niñez, pasando hacia un modelo basado en derecho dirigido al desarrollo de la niñez y con la participación de la familia y la comunidad como entes corresponsables”, enfatizó.

El proyecto establece la protección y los derechos de los niños y adolescentes, y permite transitar de un régimen tutelar a un régimen de derechos humanos, donde se pone en el centro a esta población vulnerable.

En ese objetivo, los derechos humanos de los menores y adolescentes de recibir atención emocional, de salud, social, educación, seguridad, entre otras, estará bajo una supervisión de alto nivel en que participarán más de 15 entidades públicas, cuyo rector corresponde al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), con la contribución de la sociedad y del sector privado.

Además, entre otras cosas, establece el reordenamiento de las instituciones competentes para garantizar, de acuerdo con su edad y madurez, el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de esos derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional, y en los tratados y convenios internacionales ratificados por el país. En el documento se delega al Estado y la sociedad la responsabilidad de establecer centros de desarrollo infantil en los lugares de trabajo, como una manera de preservar las buenas condiciones del niño.

La norma propuesta le otorga el derecho a cualquier persona que tenga conocimiento de la explotación económica o laboral de niños y adolescentes para que informe a la autoridad judicial o administrativa competente, sin que sea necesaria la identificación del informante.

En cuanto a prohibiciones, se priva la venta, expendio, regalo, préstamo, entrega, suministro, distribución o cualquier forma de comercialización a niños y adolescentes de armas, bebidas alcohólicas, productos del tabaco o que imiten productos de tabaco, fármacos y otros productos, cuyos componentes constituyen un peligro o puedan causar dependencia física o psíquica.

De igual manera se señala en la propuesta de ley que los niños y adolescentes tienen el derecho al libre desarrollo de su personalidad y a recibir una educación orientada al desarrollo de sus capacidades y potencialidades, sin ningún tipo de discriminación.

También establece el acceso a la educación inicial desde los cuatro años de edad, la básica general, media oficial y una orientación sobre formación profesional y vocacional para todos los adolescentes.

Tras su aprobación en tercer debate, el proyecto deberá ser remitido al Órgano Ejecutivo quien deberá considerar su sanción o veto.