Andorra bloquea ocho cuentas con $34 millones en sobornos de Odebrecht, vinculadas a exministros de Martinelli

El pasado mes de marzo la justicia de andorrana ordenó mantener congeladas unas 30 cuentas, con un saldo total de 51 millones de dólares (52,2 millones de euros), en la Banca Privada d’Andorra (BPA) y una en el Credit Andorrà, vinculadas a los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, publicó este jueves el  diario digital EL PAÍS.

Según la publicación, los fondos pertenecen a exdirigentes, empleados públicos y testaferros del entorno del expresidente panameño, Ricardo Martinelli, y del fallecido exgobernante peruano, Alan García, que cobraron de la compañía brasileña de infraestructuras Odebrecht, a cambio de la adjudicación de obra pública.

Dentro del paquete de fortunas trabadas figuran unas ocho cuentas con un saldo total de 33,5 millones de dólares (34 millones de euros) conectadas con exdirigentes y testaferros próximos al expresidente Martinelli (2009-2014), agrega la publicación.

Las cuentas, que se mantienen en la Banca Privada d’Andorra (BPA) y están ligadas al exministro de Presidencia  de Panamá, Demetrio Papadimitriu,  tienen un saldo de 205.741 dólares (208.557 euros), detalla la nota.

Pero, según las investigaciones las cuentas movieron 12,8 de dólares (13 millones de euros) entre 2010 y 2014, a través de un tinglado de 45 cuentas en la BPA y el Credit Andorrà, los progenitores del político, Diamantis y María Bagatelas Papadimitriu, destaca el escrito.

Otro de  los clientes de la BPA perjudicados por el bloqueo y allegado al exmandatario panameño es Roberto Brin Azcárraga, quien figura en una cuenta con 15 millones de dólares (16,8 millones de euros) a nombre de la sociedad "opaca" Pachira Limited.

Brin Azcárraga, para quien se pidió llamamiento a juicio en el caso Odebrecht que se lleva a cabo en Panamá,  trabajó como directivo de la cadena de supermercados de la familia del político, Súper 99, según publicaciones de medios locales.

También se le congeló cuenta bancaria por  un monto de 2,2 de dólares (2,3 millones de euros () a José Luis Saiz Villanueva, un empresario que confesó haber actuado como testaferro de Frank de Lima, ministro de Economía durante el quinquenio de Martinelli.

Otro de los implicados en la derivada panameña de la trama Odebrecht es Olmedo Augusto Méndez Tribaldos, quien acumula dos millones en la entidad del Principado pirenaico que tampoco podrá repatriar por el yugo judicial. Méndez también figura en la investigación que se lleva en Panamá como testaferro de De Lima.

De acuerdo con el diario El País , entre las fortunas congeladas, también figuran 2,9 de dólares (tres millones de euros) en depósitos y cuentas opacas vinculadas a empresarios y altos funcionarios que ejercieron durante el segundo mandato del  expresidente peruano Alan García (2006-2011), quien se suicidó al ser arrestado por este mismo caso.

Los 51 millones de dólares retenidos representan solo una cuarta parte de los 200 millones que la constructora brasileña desembolsó en Andorra -un país blindado hasta 2017 por el secreto bancario- para comprar las voluntades de 145 políticos y altos funcionarios de Ecuador, Perú, Panamá, Chile, Uruguay, Colombia, Brasil y Argentina.

En la investigación de la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht en Panamá, se detalla que la misma habría realizado coimas de dinero y sobornos, a presidentes, ex-presidentes y funcionarios del gobierno de 12 países: Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.

El caso Odebrecht, fue reanudado el día 29 de enero 2020, debido a que el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante el Auto N.74 fechado tres de enero de 2020, concedió el amparo presentado por la Fiscalía en contra de la decisión del Juzgado de la causa, extendiendo el término de investigación hasta por cinco  meses y ocho días, según data del Ministerio Público.

La audiencia preliminar del caso Odebrecht en Panamá y en el que están acusados de blanqueo de capitales medio centenar de personas, entre ellos los ex presidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, se inició el 12 de septiembre y culminó el 28 de septiembre.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó auto llamamiento a juicio a varios exministros del gabinete de Martinelli, empresarios que funcionaron como testaferros y a los propios expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela.

La jueza del caso, Baloísa Marquínez, se acogió al plazo de 30 días que le estipula la ley para decidir si llamará a juicio o si dicta sobreseimiento a los implicados. Aunque la jueza también puede extender el lapso para dar su decisión, ya que el caso,  uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente del país centroamericano, es considerado “complejo”.