Problema de responsabilidades

Si algo ha caracterizado a los gobiernos después de la invasión norteamericana ha sido que todos, absolutamente todos, han declarado su intención de luchar contra la corrupción. Sin embargo, ninguno de los cuatro hasta ahora ha logrado proyectarse como un gobierno exento de corrupción.

El panameño en el camino ha dejado de luchar contra algunos males endémicos de los gobiernos, pero insistimos en frenar la corrupción. El mejor ejemplo es el nepotismo, acusación que recibió el proceso Torrijista en los 13 años de Omar Torrijos, siguió con Manuel A. Noriega, cayó la misma acusación a los gobiernos de Guillermo Endara y Ernesto Pérez Balladares, pero se fue perdiendo en los de Mireya Moscoso y Martín Torrijos, aun cuando el nepotismo continúa. Sólo que ya pareciera que el electorado lo acepta como mal necesario e inevitable.

En el caso de la corrupción el problema no ha sido el detectarla, sino en lo difícil que ha sido comprobar las responsabilidades y, por tanto, condenar a los culpables. Los cuatro mandatarios han tenido su propio estilo al enfrentarla.

Endara nunca aceptó la culpabilidad de sus funcionarios, logrando que curiosamente el pueblo estime que los corruptos eran sus funcionarios, pero a él lo rodearon de una inocencia casi ingenua. Pérez Balladares actuó diferente, separaba inmediatamente del cargo al sospechoso, inclusive se aseguró de que quedaran presos, aunque luego la gran mayoría fue sobreseída por las fiscalías y jueces. Moscoso nunca separó a los acusados y mas bien los defendió, quedando ante la ciudadanía ensuciada por los supuestos delitos de los funcionarios que, quizás por amistad o convencimiento, defendió.

El actual mandatario ha diseñado un estilo muy propio. Las denuncias y acusaciones son inmediatamente trasladadas al Ministerio Público, el cual actúa de oficio en las investigaciones, pero lamentablemente la imperfección de nuestra justicia no se desenvuelve con la celeridad que el electorado quisiera y hoy da la impresión de que los responsables siguen impunes.

El gobierno de Torrijos inició denunciando a funcionarios del gobierno anterior. Cuatro años después ninguno ha sido condenado y, lo más probable, es que todo quede en nada, pues es sumamente difícil comprobar actos de corrupción administrativa. Lo peor, sin embargo, han sido los casos propios de su gestión, donde sólo funcionarios de menor cuantía permanecen detenidos o bajo investigación. El escándalo del dietilenglicol no produjo en la administración ningún detenido finalmente, y sólo los que importaron el insumo continúan detenidos.

El caso del incendio de un autobús, aunque no se cumplía con las leyes y reglamentos, sólo afectó a un mecánico, al conductor y al dueño del bus. El Meduca ha quedado sin que la justicia termine el caso del FECE, mientras que lo de la fibra de vidrio ni siquiera parece haberse investigado. El más reciente accidente del SAN-100 no parece tener responsables, salvo un piloto que, quizás por haber muerto en el accidente, nadie ha defendido.

No dudo que la intención de los cuatro presidentes ha sido luchar contra la corrupción, pero, ¿por qué fallan?, ¿por qué seguimos con denuncias y nadie responsable?, ¿qué es lo que hace que en Panamá todos sabemos lo que ocurre y cuándo, menos los jueces y fiscales?

Es hora de que tengamos certeza de castigo o nos acostumbremos a vivir en un país de impunidad.