La Fuerza Pública

Nosotros, ciudadanos de la República de Panamá, somos la fuerza pública. Por eso la Constitución nos obliga a defender la independencia nacional y la integridad territorial del Estado. Esa defensa se hace con armas y si la diplomacia fracasa, cada uno de nosotros tendrá que tomar las armas responsablemente.

La Constitución —Artículo 310— va más allá del ejército temporal de ciudadanos para la defensa de la patria, pues el ejército permanente está prohibido, al determinar que ante la amenaza de agresión externa, en virtud de ley —no de decreto ley— podrán organizarse temporalmente para la protección de las fronteras y espacios jurisdiccionales de la República.

¿Qué amenaza de agresión externa sufre la República en estos momentos? El gobierno de Martín Torrijos, ignorando tal agresión externa, se precipita a crear el Servicio Nacional de Fronteras y el Servicio Nacional Aeronaval. La violación del Artículo 310 es total. Dichos servicios son permanentes y no temporales, son militares —defensa— y no de policía —seguridad interna—. La misma creación del Servicio Nacional de Información y Seguridad, que tiene entre sus atribuciones neutralizar todas las amenazas contra la seguridad interna y externa, desconoce que sus miembros, aunque pertenezcan a la carrera de Inteligencia, son agentes de la autoridad y como tales obedientes a las autoridades nacionales, provinciales y municipales. Se les entroniza como inteligencia militar para que actúen encubiertamente y se les supedita directamente al presidente de la República.

Tal violación es peligrosa para la nación y amerita que la Asamblea juzgue a Torrijos, además de derogar los Decretos Leyes. El Ministerio Público debe proceder a enjuiciar a los ministros de Estado que se extralimitaron en el desempeño de sus facultades y abusaron de su autoridad. La Corte deberá mantenerse en expectativa como guardiana del orden constitucional, hoy afectado con la extralimitación constitucional del presidente. De condenarlo, iremos a una constituyente.