Que actúe la Ley

El señor presidente Martín Torrijos Espino es una persona de palabra suave.

Generalmente provoca alguna sorpresa escucharlo dar declaraciones en un tono de disgusto o de exagerada firmeza, como ha sido el caso de recientes declaraciones en las que revela su posición frente a un problema que mantiene ocupados los espacios de los diarios, emisoras de radio y televisoras: la insólita desaparición de las esculturas que formaban parte del patrimonio del llamado Museo del Tucán, las cuales tienen un costo superior a los 250 mil dólares, concebidas originalmente para los exteriores de ATLAPA y que fueron trasladadas a un depósito del Parque Recreativo OMAR, de donde desaparecieron, prácticamente disolviéndose en el aire, sin llamar la atención.

El presidente Torrijos de manera firme y en un tono duro, y poco común en él, expresó su posición dejando claro que se investigará el caso hasta dar con los autores intelectuales y materiales de éste hecho, no importa de quiénes se trate. El acto, digno de un prestidigitador, mantiene impresionada a la comunidad nacional.

Aquí, señores, no caben asombros ni admiración por parte de nuestras autoridades. Lo que preocupa es la paciencia con que la señora procuradora maneja el caso. Al parecer sus subalternos pretenden aplicar la política del “accionar lento”, que parecer ser la norma habitual en sus investigaciones.

Se nos dice que no hay archivos, ni registros de nada, entonces, eso es un delito de un funcionario público y allí por igual, debe sancionarse a los que no cumplen con los manuales de procedimiento. La no presencia de la Contraloría General en las investigaciones, también resulta extraño, pues sus funcionarios de Bienes Patrimoniales deben tener conocimiento de este caso, y las autoridades del Instituto Nacional de Cultura —INAC—, que tienen la obligación de velar por las propiedades estatales con valor artístico y cultural a través del inventario nacional o general, y no dejar de echarle el ojo a los compradores de metal del país para descubrir si alguno de ellos tiene conexión con el caso.

Las palabras del ciudadano presidente en este y otros casos de alto perfil, nos envían el mensaje de que no habrá padrinazgos ni influencias a la hora en que la Ley deba actuar, y eso es positivo.

No estamos señalando culpables, estamos dejando claro que existe un protocolo de dignidad en cada servidor público, que debe permitir que las autoridades judiciales hagan su trabajo y para ello, deben separarse del cargo, mientras duren las investigaciones.

No es justo que se manche el accionar de todo un gobierno, por una “sinvergüenzura” de “alguien” o “alguienes”, quienes practicando el famoso y reprochable “juega vivo” cometen un crimen cultural que debe ser ejemplarmente sancionado.