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19 de Sep de 2020

Redacción Digital La Estrella

Columnistas

Salud sexual y salud moral

Una iniciativa del Ejecutivo trata de proteger los derechos humanos en materia de sexualidad y salud reproductiva, promoviendo la educac...

Una iniciativa del Ejecutivo trata de proteger los derechos humanos en materia de sexualidad y salud reproductiva, promoviendo la educación, información y atención en ese campo. Ella causa una grave escisión en la sociedad panameña, que merece el más ponderado tratamiento en la Asamblea Nacional y sería lamentable que la bancada oficialista se apresurara a ratificar decisiones tomadas fuera de su seno, aprobando a tambor batiente un proyecto causante de tanto escozor.

La iniciativa tiene sus raíces en un primer plan elaborado en 1999, según expresa su Exposición de Motivos, y su intención es superar los obstáculos que aún limitan el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de “mujeres, adolescentes, niñas y niños y de la población en general,” especialmente en los sectores más vulnerables y comarcales. Entre los problemas destacados por el diagnóstico, se señala la tasa de mortalidad materna, el embarazo temprano de madres adolescentes y madres pobres, la elevada tasa de fecundidad en áreas rurales y comarcales, las infecciones de transmisión sexual que incluyen el VIH/SIDA y los riesgos de cáncer cérvico-uterino. Se aduce que la educación sexual de los jóvenes proviene hoy de fuentes como el Internet y que la ignorancia del tema lleva a problemas de disfunción matrimonial, divorcios y embarazos producto de engaños.

Se aduce que la intención del proyecto es que las personas tomen conciencia para educarse e informarse adecuadamente y puedan defender sus derechos sexuales y reproductivos. Se asegura que este plan es cónsono con políticas de organismos internacionales de salud.

Frente a estas intenciones, grupos activistas han protestado y advertido sobre peligros reflejados en disposiciones contenidas en el proyecto. Como corresponde hacer al Órgano Legislativo, esas voces deben ser escuchadas y se les debe prestar la más atenta consideración dentro del amplio debate que se debe propiciar en nuestro sistema democrático. Para lograr el consenso ideal, estas inquietudes no pueden echarse de lado sin que medien los ajustes adecuados y esos correctivos pueden limitarse a mejoras de redacción o pueden ser más profundos, deberán ser resueltos satisfactoriamente si atentan contra la moral, las buenas costumbres o las sanas relaciones intrafamiliares.

Muchos cuestionamientos deberán ser ampliamente debatidos. Sólo a título de ejemplo, se debe discutir si las conductas que se pretenden regular son apropiadamente objeto de intervención estatal o, si por el contrario, deben dejarse a la esfera íntima de una crianza en el seno de la familia, según sus valores morales o creencias religiosas. Se acusa de ignorar la facultad de los progenitores de ejercer la patria potestad cuando se autoriza que sus hijos menores puedan libremente buscar atención y asesoramiento sexual confidencial en escuelas y clínicas, sin exigir el conocimiento o consentimiento de sus padres. Algunos entienden que la redacción de ciertos artículos da pie a la promoción de promiscuidad sexual, del homosexualismo, del bestialismo y del aborto.

Si las intenciones del Ejecutivo son genuinas, se debe permitir todo el espacio necesario para escuchar atentamente y sopesar todas las sanas inquietudes manifestadas hasta ahora. No se justifica prisa alguna en tema tan delicado.