Un presupuesto electorero

El presupuesto que propone el Ejecutivo para 2009 asciende a $9,763 millones, el más alto en la historia de las finanzas públicas, y también el de mayor crecimiento con respecto a los últimos años.

Pese a que no debe sorprender que el presupuesto público vaya en aumento, sobre todo en un país con los niveles de pobreza y de inequidad social como el nuestro, la población debe exigir explicaciones del uso de los recursos que aporta al Estado. Sabemos que no es cierto que un mayor presupuesto manejado como aquí se hace, va a solucionar los problemas de los sectores populares, pese a que podría ser un mecanismo que, utilizado con transparencia y de forma productiva, se convertiría en un instrumento para mejorar la desigual distribución de la riqueza. También es conocido que una parte del aumento de los gastos presupuestados tiene como objetivo favorecer la elección y reelección de los candidatos del partido gobernante.

La elaboración de este presupuesto denota poca seriedad e irresponsabilidad del gobierno en el manejo de los recursos. No considera los efectos que, sin duda, tendrá la crisis mundial en la actividad económica de nuestro país. Tampoco revela el presupuesto, la atención prioritaria de los problemas más acuciantes de la población. No se justifican proyectos como el de la Cinta Costera que desvía recursos necesarios para solventar las necesidad de los sectores marginados; tampoco el aumento de los recursos para el Ministerio de Gobierno y Justicia que serán utilizados para profundizar la remilitarización; mucho menos seguir aumentando el endeudamiento y el pago del servicio de la deuda. Es para estos fines que utilizan el superávit que a costa de la pobreza divulgan como un gran logro económico.

La realidad que vive el pueblo dista mucho del análisis que hace el Gobierno. El supuesto mejoramiento de las Finanzas Públicas se ha sustentado en la aprobación y ejecución de leyes impopulares, como la Reforma Tributaria y la de la seguridad social. Mienten al decir que el manejo de los recursos del Estado es transparente, prueba de ello son el manejo irregular de las concesiones de los recursos naturales, las contrataciones públicas que escapan a los procesos de fiscalización al convertirse en actos de contratación directa, muchas veces denunciadas porque se adjudican a supuestas empresas creadas sólo para aprovecharse de los recursos del Estado. Así se han tratado los contratos para la remoción de la fibra de vidrio, el reemplazo de las escuelas rancho por infraestructuras que no justifican el costo que anuncia el Despacho de la esposa del presidente. Los medios presentan constantes denuncias sobre los beneficios que reciben personas con vínculos cercanos a los que toman las decisiones sobre proyectos estatales. Se cuestiona “Conéctate al Conocimiento”, PRODEC, las becas manejadas con criterios políticos, la realización de obras de infraestructura con empresas de dudosa procedencia, el uso de los recursos para Carnavales, etc.

La población debe asumir una actitud activa exigiendo el uso transparente y productivo de los recursos del Estado en busca de un mejoramiento de las condiciones materiales de vida, debe rechazar el uso de los recursos públicos para la manipulación electoral y enfrentar la corrupción gubernamental.