Impunidad para los políticos, desatención al pueblo

Aún no ha pasado el torneo electoral y ya parece vislumbrarse los resultados de “investigación hasta las últimas consecuencias”, basta con leer las declaraciones de la procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, al referirse a las investigaciones que se realizan a los candidatos presidenciales y al candidato a alcalde capitalino por el uso de fondos ilícitos (provenientes del blanqueo de capitales) para el financiamiento de sus campañas electorales. Según la procuradora, “luego de revisar la lista de donantes privados de Balbina Herrera y Roberto Velásquez, las autoridades no pudieron comprobar que éstos hayan recibido dinero de Murcia. En el caso de Martinelli, como éste no tiene el deber de presentar su lista de donantes hasta 60 días posteriores a las elecciones, no se ha podido estudiar si también recibió dinero de Murcia”. Según la procuradora “ello se debe a los vacíos contenidos en las normas que rigen el Tribunal Electoral”.

Indudablemente, esto explica por qué la partidocracia ha defendido que las supuestas “contribuciones electorales” no tengan topes, y que hayan ejercido su poder para que la legislación electoral contemple una pantomima en el ejercicio de “hacer públicas la contribuciones de los donantes”.

Frente a este tema, insistimos en la necesidad de nombrar una Comisión Independiente e Imparcial que investigue el caso de manera transparente para que se haga efectiva justicia, toda vez que la complicidad, corrupción e inoperancia de las actuales autoridades y funcionarios del Ministerio Público, los descalifican.

Mientras esto ocurre, diputados de gobierno y oposición avalan madrugonazo que pretende aprobar la ley de “descentralización de la administración pública”, en donde se insiste en los mecanismos privatizadores de la salud, educación y recursos naturales. Este proyecto, es impulsado por el Banco Mundial, bajo la lógica de atender el déficit fiscal del sector público.

En la práctica, tras la descentralización que impulsa el Banco Mundial a lo largo y ancho de América Latina, hay dos objetivos básicos: reducir los gastos del gobierno central, mediante la transferencia de los gastos a los municipios, con el fin de liberar fondos para pagar la deuda externa o sus intereses, el segundo objetivo, facilitar la privatización de los servicios. Los resultados han sido nefastos para la población pobre, e incluso para los de extrema pobreza que dicen favorecer; asimismo, la transferencia del poder programático, que decían perseguir, ha sido mínima y los programas verticales han seguido sin cambios; igualmente, la descentralización neoliberal en América Latina no ha contribuido a corregir la brecha de inequidad dentro de los propios municipios, sino que al contrario la ha aumentado.

Tanto el gobierno como la oposición burguesa aprobaron en primer debate este inconsulto proyecto, lo que demuestra una vez más que entre gobierno y “oposición” no hay contradicción. Ni Balbina, ni Martinelli, ni Endara constituyen un cambio. Rechacemos el circo electoral, absteniéndonos de ir a las urnas, votando en blanco o nulo. Panameño, organízate y lucha para construir poder popular, autoconvocar a una Asamblea Constituyente Originaria con plenos poderes, como recurso democrático para acabar con el estado de corrupción y de injusticias que impera en el país.

-El autor es secretario general del Suntracs.rologe54@yahoo.com