Los gobernantes y sus riquezas

El presidente Barack Obama y su esposa acaban de declarar y publicar sus ingresos obtenidos durante el año pasado. Los esposos Obama declararon un total de US$2.7 millones, compuesto por regalías del señor Obama como autor de dos libros (US$2.5 millones) y salario como senador federal (US$140 mil), mientras que su esposa declaró US$63 mil, como ejecutiva de un complejo hospitalario en Chicago. Antes los Obama habían declarado ingresos por dividendos e intereses recibidos de algunas inversiones hechas. Nada parecido sucede acá.

La transparencia que debe adornar los antecedentes y la conducta de los gobernantes es un tema recurrente que, aunque le quita el sueño a ciudadanos genuinamente preocupados, no ha producido todavía resultados concretos en Panamá. Los antecedentes comprenden tanto su experiencia como individuo adulto, como todas las íntimas circunstancias que hayan rodeado su campaña; pero la transparente conducta del candidato ya electo, convertido en gobernante en propiedad, resultaría aún más necesaria para alcanzar el alto grado de ética gubernamental que la sociedad espera de sus autoridades.

Intentos se han hecho por frenar la tentación de sucumbir a los malos manejos que la largueza del poder presidencial pudiese permitir. En un sistema presidencialista como el vigente aquí, la voluntad del presidente es casi omnipotente, sobre todo si a la vez tiene un poder similar sobre su partido político. Un gesto de bendición presidencial puede significar atractivas ganancias para un amigo o un empresario benefactor, así como una mueca de desaprobación puede acarrear obstáculos insuperables que terminen por hundir buenas iniciativas productivas.

Precisamente para evitar las suspicacias que pudiesen manchar esas decisiones emanadas de la voluntad presidencial, que pueden tener un suculento impacto sobre su propio patrimonio o el de sus amistades, se hacen esfuerzos por conocer y divulgar los intereses particulares de índole económica y comercial que posee quien llega a ser presidente, así como los intereses de otras autoridades gubernamentales cuyas decisiones abren o cierran puertas. La Constitución y la Ley enfrentan a medias este problema, exigiendo una declaración mediante escritura pública del estado patrimonial al inicio y al término de las funciones del Ejecutivo, pero los datos contenidos en esa declaración reposan en archivos de la Contraloría General a disposición sólo de autoridades judiciales cuando las circunstancias lo ameriten.

Contrastando con esta débil y trunca medida que nada positivo refleja del estándar de ética gubernamental que exigimos a nuestros gobernantes, los altos funcionarios del gobierno de EUA con regularidad hacen pública su declaración anual de rentas. Y además, para evitar potenciales conflictos de intereses, altos funcionarios también optan por desligarse formalmente de cualquier inversión propia que pudiese resultar beneficiada por decisiones capaces de ser interpretadas como producto de sus propios intereses mezquinos.

En tanto se mantengan en secreto las contribuciones privadas a campañas electorales de partidos y candidatos victoriosos y no se hagan públicas las declaraciones patrimoniales, especialmente del presidente de la República, se seguirá alimentando la suspicacia y no se logrará la transparencia ideal.

-La autora es diputada de la República por el Circuito 8-7. VMP.mireyalasso@yahoo.com