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20 de Jan de 2021

Redacción Digital La Estrella

Columnistas

Seguridad en tiempos de cambios (I parte)

La pasada contienda electoral puso en perspectiva algo de lo que puede esperarse para el próximo quinquenio en materia de seguridad ciud...

La pasada contienda electoral puso en perspectiva algo de lo que puede esperarse para el próximo quinquenio en materia de seguridad ciudadana y de alguna forma matizó el cuadro de situación que queda tras los últimos cinco años. De un lado, la fórmula Balbina-Navarro, distanciada del enfoque socialdemócrata y tan a la derecha o más que la propuesta Martinelli-Varela, asumió la doctrina de “mano dura”, al punto que le adosó el apellido “con justicia”, pese a la incompatibilidad lógica, histórica y política de ambos conceptos. Por su parte, la fórmula oposicionista, más comedida en ese sentido, optó por manifestar su interés en las “calles seguras” y en la abolición de los decretos leyes creados en el último semestre del actual gobierno.

Ciertamente, durante el quinquenio que ahora culmina aumentó la inversión y el gasto en seguridad ciudadana, pero durante el mismo periodo también se dio un preocupante incremento en los indicadores de violencia y criminalidad, que advierte a la nueva administración la urgencia de hacer valer su emblema verbal, y algo tendrá que cambiar en materia de seguridad ciudadana. La demanda social obliga a responder varias interrogantes, entre otras: ¿Sobre cuáles aspectos tendrán que operar esos cambios? ¿Cuáles son las prioridades en materia de seguridad? ¿Cómo revertir el incremento de la violencia? ¿Hay que elegir entre prevención y represión?

Coyunturalmente, la presión ciudadana, causada por la inseguridad, recibirá al nuevo gobierno, ya comprometido con la derogación de los cinco decretos leyes. En su propuesta electoral sobre seguridad, este fue el primero y más preciso de los puntos abordados por la alianza triunfadora, razón por la cual es de esperarse que ocurra. Sin embargo, ante la realidad de instituciones ya creadas o modificadas, la propuesta de derogación tendría su mejor sentido si, por lo menos, se orienta a someter los decretos leyes al ejercicio de aprobación de la Asamblea de Diputados, lo que aportaría un marco de legitimidad política y social, tan necesario como la jurídica.

Sin embargo, como asunto de fondo destaca una compleja problemática de criminalidad que el nuevo gobierno tendrá que enfrentar con visión a corto, mediano y largo plazo. Esa visión deberá abarcar dos planos simultáneamente, que no se contraponen y además, están interconectados: La prevención y la represión del delito. Pero deberá tenerse presente que sobre todo la prevención, que opera en periodos sostenibles de gran alcance, es siempre lo menos costoso, más abarcador y más eficaz para lograr y mantener la convivencia pacífica y el disfrute de los derechos humanos y ciudadanos, objetivo final de los servicios de seguridad del Estado.

Así, en virtud de diversas políticas sociales, numerosos lugares poblados que conforman cinturones de pobreza o miseria alrededor de centros urbanos, deberán contar con la presencia de instituciones del Estado, para reducir la marginalidad, el imperio de la ley de la selva, las pandillas, la extorsión y la violencia. Se trata de sostener un programa coherente y medible de dotación de bienes y servicios públicos que permitan, desde un adecuado uso del tiempo de ocio, hasta el disfrute de salud (bibliotecas, centros de salud, infraestructura deportiva, estaciones de policía, parques, aceras, espacios públicos iluminados, comedores, transporte adecuado, etc.) varios de estos, bajo el resguardo comunitario, capaz de cuidar y usar bien dichos bienes, lo que resultaría en la reconquista de espacios públicos ahora bajo el control de bandas y pandillas.

Sólo en la periferia de la ciudad de Panamá viven más de 300 mil habitantes en esos cinturones de pobreza, en los que no pocos bienes y servicios básicos no están presentes o lo están de manera deficiente y costosa. Al tiempo que se instala el Estado en los cinturones de pobreza urbana, debe adoptarse una política educativa que reduzca de manera sostenida, la catastrófica ruptura escolar que se ha estado registrando durante los últimos veinte años. Sólo entre 2003 y 2007, cerca de treinta y cinco mil estudiantes dejaron de asistir a colegios oficiales (pre-media y media), sin terminar sus cursos (mal llamada deserción escolar). La mayoría lo hizo antes de terminar el noveno año (pre-media). Está demostrado que este es el principal factor de riesgo que favorece la actividad violenta entre los adolescentes y jóvenes con edades entre los 12 y 19 años. Entre esas edades, cada caso de ruptura escolar es una trágica entrega a las puertas de la violencia que afecta a la sociedad.

Si se considera que una significativa proporción de los adolescentes deja de asistir a la escuela secundaria cuando tienen entre 13 y 15 años de edad, es obvio que ni siquiera cuentan con capacidades básicas para ingresar al mercado laboral, por lo que quedan expuestos a la atracción de bandas y pandillas que han incrementado su influencia en términos de actividades sociales, recreativas, de protección y manutención, antes de convertirse en infractores de leyes o en mano de obra para el crimen organizado.

No es un fenómeno repentino. Un análisis detallado de la realidad muestra que antes de darse la ruptura con el sistema escolar, los adolescentes y jóvenes de escuelas secundarias oficiales pasan por una secuencia de riesgos que incluye varias condiciones. En el último quinquenio, alrededor de cuatro mil estudiantes quedaron embarazadas mientras cursaban la pre-media o la media escolar y, en total, cerca del 40% de todos los matriculados se encuentra en situación de riesgo escolar, entendiendo con ello que experimenta alguna de estas condiciones: Aplazado, reprobado, repitiente o embarazada. Este significativo grupo de estudiantes, junto con los que rompen con el sistema escolar de secundaria, hace que el promedio general de tiempo que tardan los estudiantes (según datos de 2006) en pasar de primero a sexto nivel, sea de 10.4 años, en vez de 6. Graves repercusiones de esta situación en materia social y económica impactan sobre la estabilidad de la Nación. Entre ellas está el hecho de que se da una creciente convivencia de jóvenes con de edades disímiles, al punto que cada año aumenta el número de jóvenes adultos o cercanos a esa etapa, que comparten tiempo y espacio escolar con jóvenes de 12 a 15 años de edad.

En próximos artículos abordaré otros factores causales de violencia y criminalidad y la forma de abordarlos desde un punto de vista integral, lo que incluye la actividad policial.

-El autor es sociólogo.torolozano@hotmail.com