Temas Especiales

27 de Jun de 2022

  • Redacción Digital La Estrella

Columnistas

Labor legislativa impostergable

La aplanadora legislativa de que disfrutó la administración del PRD por ocho años, desde que el entonces secretario creó el Pacto Meta e...

La aplanadora legislativa de que disfrutó la administración del PRD por ocho años, desde que el entonces secretario creó el Pacto Meta en Penonomé, les permitió aprobar el CEMIS, que aún registra actuaciones judiciales comprometidas con la corrupción en su aprobación. Asimismo cuando el secretario de ese partido fue investido como presidente de la República, se inició una modalidad en el método y forma de legislar, renunciando la facultad legislativa y dejando esa iniciativa en manos del Ejecutivo. La línea se impuso hasta el final y la compensación con prebendas y beneficios inmerecidos, se percibe generalizada.

Como una muestra de supremacía en votos y del irresponsable uso de tal ventaja, se modificaron leyes que merecían mejor elaboración, pero se les introdujo reformas de corte partidario. Por ejemplo, se autoriza el ingreso a la Carrera Administrativa de personal sin méritos ni concurso, teniendo como único sustento la permanencia dos años en el cargo. Tal irresponsabilidad es otra muestra de la ineficacia del costoso hemiciclo legislativo.

Como aldabonazo final, pretendieron cobrar dos meses de supuesto salario, a lo que no tenían derecho. Ellos mismos aprobaron la disminución de su período de sesiones, y todo salario corresponde a servicios prestados. Frente a la ira popular, retiraron el artículo, pero introdujeron en el Reglamento del Legislativo, modificaciones que selectivamente proveen seguridad a ex presidentes de la Asamblea.

Desde el inicio del primer período legislativo en julio próximo, es impostergable anular por vía de derogatoria todas éstas atrocidades y dejar paso expedito a toda investigación sobre corrupción, malversación de fondos, abuso del poder y otros delitos que seguramente deben ser investigados. Ningún ex funcionario y los de cargos de elección popular menos, deben ser protegidos por el Estado. Cada cual debe asumir los gastos que su seguridad demande. Ojalá que a la nueva administración no le tiemble la mano y que desde el inicio dé muestras de que la corrupción, el abuso y la dilapidación de fondos públicos ha cesado.

-El autor es abogado.donatiloballesteros@hotmail.com