Peajes en sombras

La noticia se esparció como pólvora y con ella las expectativas de ver concretada una obra que durante más de dos décadas fue demandada incansablemente por los sectores productivos de la Costa Atlántica, que vieron transcurrir el tiempo, aumentar el tráfico y el número de usuarios —más de 20 mil— que cotidianamente debían exponer sus vidas en la peligrosidad y el deterioro de una arteria vehicular cuyo paso testimonia a diario el trasiego de más de un millón de dólares.

Al fin se construiría el tramo carretero Madden – Colón; el cual, durante casi una década se debatió en un limbo oscilante entre la insolvencia de una empresa, las acciones legales de algunos afectados y la falta de voluntad real del Estado en la definición y solución del conflicto.

El 2007 abrió un nuevo capítulo de esta historia. En ese entonces ni el modelo, ni los precursores de la obra fueron objeto de interés primordial.

La publicidad y el flamante discurso político que anunciaron el inicio de la emblemática empresa por un costo de B/.215 millones —financiados por el Estado— llenaron de esperanza las vidas y el bolsillo de miles de panameños defraudados por las dos corporaciones que previamente habían llevado una gestión administrativa de infraestructuras viales privadas, casi de manera unilateral, en beneficio único de sus propios intereses y con la permisión del Estado.

Después de haber culminado la fase más importante del proyecto —el anuncio de los excesivos peajes (B/.4.00) para los asiduos usuarios de una autopista que no ofrece alternativas viales paralelas en función del deterioro e inconclusas reparaciones de las mismas— es menester cuestionar ¿qué tipo de contratación ejecutó el gobierno, cuando la empresa Odebrecht no tuvo que asumir riesgos y recibió un financiamiento total de B/.266 millones? Como si fuera poco, el Estado también acordó garantizarle la cobertura, en caso de flujo de tráfico insuficiente, en base al método de peaje sombra.

La modalidad de “Peaje en Sombra” , pese a ser una herramienta asequible dentro de la financiación de los presupuestos y ofertar una serie de ventajas, como permitir la inversión a largo plazo con el aval del Estado, mejorar la distribución de los costos entre varias generaciones de usuarios, proyectos más económicos y eficientes; requiere que la empresa privada sea quien financie, construya y explote la concesión a cambio de que el Estado abone periódicamente por la vía presupuestaria, una suma acordada en el contrato de concesión, en función del uso real de la infraestructura e inclusive lo faculta a descontar de lo acordado, los montos generados por penalizaciones, en caso de incumplimientos en materia de calidad, seguridad o disponibilidad; una condición que no figura en las múltiples addendas de negociación del citado proyecto.

Ante estas circunstancias, resulta legítimo que como panameños e inversionistas solidarios de cada centavo empleado en la obra exijamos un trato más justo, procurándole un escaño favorable a los miles de usuarios que dependemos de esta importante arteria, para seguir produciendo y transportando prosperidad a cada punto de esta pujante nación.

-El autor es financista y docente.alfasa13@cwpanama.net