Que nos devuelvan la seguridad jurídica

Quienes apoyamos la propuesta de la Alianza por el Cambio, lo hicimos porque albergamos la esperanza de que se cumplan las promesas de conducir los destinos de la Patria herida, del Estado desarticulado, por senderos de transparencia, honestidad, justicia y equidad; de manera que la tranquilidad social y económica que nos han arrebatado nos sea devuelta.

Comprendemos que la tarea no es fácil; sin embargo, no dudamos de la capacidad de quienes han sido llamados a servir al país y cuya trayectoria conocemos como: José Raúl Mulino, Roberto Henríquez, Franklin Vergara, Ricardo Fábrega, Alberto Vallarino, Juan Carlos Varela, por mencionar a algunos. El establecer una lista de acciones estratégicas prioritarias para devolvernos la confianza y que el Estado retome el control efectivo de todo el territorio nacional debe ser uno de los resultados generales a cumplir en los primeros 100 días de gobierno y para lo cual deben estar trabajando.

Crear las condiciones en todas las instancias de los tres poderes que conforman el Estado panameño para que logremos, lo antes posible, devolver al país la seguridad jurídica que tanto se requiere para comenzar a construir un Panamá decente, productivo, inclusivo y con responsabilidad social y ecológica, debe ser uno de los primeros puntos de la agenda. Esto implica una lucha frontal contra la corrupción y la politiquería, así como la aplicación del peso de la ley a quienes la contravengan, sin componendas, sin subterfugios y sin la nefasta discrecionalidad que distorsiona la ley, el Estado de Derecho y hace de la seguridad jurídica un concepto relativo.

No puede ser que la seguridad jurídica sea un concepto que se enarbole para favorecer a minorías en detrimento del bienestar general y, lo que es peor, para contravenir la Constitución Política y otras leyes; no puede ser que en aras de proteger la supuesta inversión extranjera o el ejercicio de una actividad económica se impida el acceso a costas y riberas; no puede ser que en aras de proteger el negocio inmobiliario de unos se pase sobre normas y la lógica de zonificación urbana; no puede ser que quienes encarecen productos, conformen oligopolios, favorezcan el lavado de dinero, contrabandeen, violen normas de tránsito y cometan todo tipo de crímenes se cobijen bajo las enaguas de una interpretación, escalofriantemente distorsionada a conveniencia, de seguridad jurídica.

En el sector de salud pública hay que promover cambios estructurales para regresar al ciudadano panameño la tranquilidad que se deriva de un Estado que protege su derecho a recibir el concepto más amplio de salud que debe contribuir a mejorar su calidad de vida; a recibir atención con oportunidad, respeto y dignidad; a recibir medicamentos y tratamientos seguros; que los servidores del sector sepan que son empleados de quienes tributamos y que deben proveernos de un servicio excelente.

Establecer una agenda de prioridades en las circunstancias en que se encuentra el país, no es una tarea fácil; sin embargo, devolvernos un ambiente efectivo de seguridad jurídica debe ser una prioridad.

*Preside el Inst. Int. de DD.HH. en Salud.burgosconsult@hotmail.com