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29 de Jun de 2022

  • Redacción Digital La Estrella

Columnistas

De leyes y fraudes

Un hecho notorio al que no hay que probarle nada es la alquimia que del derecho y las normas ha hecho el Tribunal Electoral en el caso d...

Un hecho notorio al que no hay que probarle nada es la alquimia que del derecho y las normas ha hecho el Tribunal Electoral en el caso de Bosco Vallarino, ello nos hace reflexionar en manos de quiénes está la seguridad jurídica, garantía elemental en un Estado de derecho peor aún, si nuestro Estado se rige por la Ley o la política. El universo es una cadena de sucesos lógicos, y el derecho no escapa a ello, por tanto el derecho es lógico, para cada causa un efecto.

He de referirme de manera lógica, a la conducta errática y divagante del Tribunal Electoral, y el desdoblamiento que ha hecho de la Constitución y de sus propias normas.

Al respecto, nosotros los abogados en el afán de defender una y otra postura nos lanzamos epítetos como el de las “leguleyadas” y dejamos de lado la objetividad con la cual debemos apreciar los hechos, intereses políticos de por medio.

Viendo así las cosas, éstas resultan ser más sencillas, y se pueden resumir así: 1. Bosco Vallarino se naturalizó ciudadano norteamericano en el año de 1996 cuando ya habían pasado seis años de la invasión a Panamá, había un gobierno nuevo, ya no había perseguidos políticos. 2. Se lanza para alcalde capitalino y calla el hecho de ser naturalizado como ciudadano de otro país, 3. Le explota en la cara ese hecho del cual guardaron silencio él y sus copartidarios, lo que lleva al fiscal electoral Barrios a decir que no puede ser alcalde. 4. La defensa de Vallarino presenta sus recursos, Barrios se retracta y le pasan la responsabilidad al Registro Civil, para que sea esta entidad la que certifique si el señor es ciudadano panameño o no. 5. El Registro Civil dicta una resolución inhibitoria para actuar, conformándose tímidamente con certificar que no constan marginales en el libro de inscripción de nacimientos respecto al señor Vallarino.

Aquí se empieza a apretar el nudo, el Registro Civil faltó a lo que la Ley le ordena, porque el petitorio del señor Vallarino incluía: que se anotase en la marginal de su nacimiento que de manera tácita había renunciado a la nacionalidad panameña al adquirir la estadounidense, por lo que le fueron suspendidos sus derechos ciudadanos; que se anotase que recuperó la ciudadanía panameña y los derechos concernientes suspendidos, por el hecho de haber regresado a residir nuevamente a Panamá. La Ley en materia de cambios en el estatus personal de un ciudadano le ordena a la entidad registral actuar a solicitud de parte, de manera oficiosa y por orden de autoridad competente. Las dos primeras se cumplían, Bosco Vallarino públicamente declaró ser ciudadano norteamericano (pudo actuar de oficio), y solicitó por escrito así se anotara en el registro de su inscripción de nacimiento (solicitud de parte), se daban las condiciones suficientes para que el Registro Civil inscribiera la suspensión de los derechos ciudadanos de Vallarino. Lo que no podía hacer, y no hizo (al menos), era devolverle la ciudadanía suspendida.

La pregunta es la siguiente, ¿dónde estaban el fiscal Electoral y los magistrados del Tribunal Electoral que obviaron ese detalle?, ¿fue olvido involuntario? Se limitaron, como si fuesen alquimistas, a la elaboración de fórmulas que permitieran al señor Vallarino participar como candidato a las elecciones, a sabiendas de que contravenía nuestro ordenamiento legal, normas taxativas que para el caso estaban perfectamente claras.

El Tribunal Electoral ha violentado desde la Constitución hasta sus propias normas, todas ampliamente señaladas por muchos juristas. Hoy, han ensayado un sinnúmero de fórmulas que, como juego de tiro, lanzan a ver cuál da en el blanco, y a fuerza han entregando credenciales a la vicealcaldesa, otro error más que vulnera la Ley Electoral, ¿y por qué? Porque al margen de que esa solución no está contemplada, se les olvidó que en derecho lo accesorio sufre la suerte de lo principal (y así lo dice el Reglamento Electoral).

Igualmente, existen en lo jurídico las nulidades y para el caso Vallarino es absoluta y de efecto retroactivo, la nómina de Bosco Vallarino desde el principio estuvo viciada de nulidad absoluta y su inexistencia es el efecto.

¿Nuevas elecciones? La sola idea de haber contemplado esa posibilidad es una superlativa locura, las elecciones no tuvieron vicio alguno, el electorado engañado o no depositó su voto. Basta con retrotraer el escenario al momento de las postulaciones y el problema está resuelto de manera lógica, aplicando la Ley y las normas que han violado, y aquí es obligatorio hacer una aclaración; porque es otra de las leguleyadas ensayadas, no se vulnera ninguna Doctrina Suárez, porque ella está contenida en una Convención y no en un Tratado, son dos cosas distintas, siendo una convención, no posee rango constitucional.

El daño está hecho y siguen ahondando en él, los electores del señor Vallarino fueron confundidos y engañados con tantos disparates dichos de ambos lados, su candidato les mintió y el Tribunal Electoral ha sostenido esa mentira.

¿Quién va a pagarle a los electores de Bosco el fraude a la Ley cometido por el Tribunal Electoral, ayudado por las narraciones divagantes de Vallarino?

Todo actuar tiene una causa que genera un efecto, y la nulidad absoluta de la nómina Vallarino es el efecto consecuente de tanta mentira y dilación por no hacer las cosas como se debieron hacer.

-La autora es abogada y ciudadana panameña.karc@orbi.net