La miopía del ambientalismo selectivo: mucho megáfono, poca evidencia

En Panamá existen grupos y organizaciones que trabajan activamente por la conservación ambiental en un país donde la biodiversidad enfrenta amenazas reales. Defender la naturaleza y los derechos humanos no solo es legítimo, es necesario. El problema surge cuando esa defensa empieza a padecer una miopía selectiva: se observa con lupa lo que conviene y se ignora, con notable constancia, lo que incomoda.

Hoy es evidente cómo ciertos discursos ambientales parecen menos sustentados en datos verificables y más influidos por ideologías, prejuicios y consignas prefabricadas. Conviene diferenciar entre organizaciones con profesionales ambientales —que investigan, miden y explican— y aquellos activistas de megáfono que, con entusiasmo admirable, pero rigor técnico escaso, confunden opinión con evidencia científica.

Esta miopía ambientalista no es inocua. En lugar de orientar o educar, se apoya en una reputación “verde” para promover cierres de calles, pérdida de empleos y afectaciones económicas al país. Todo ello, paradójicamente, en nombre del ambiente. Mientras tanto, se ignora la propia legislación ambiental vigente y se impulsan nuevas leyes no para mejorar la protección, sino para retrasar proyectos específicos, instrumentalizando la causa ambiental contra los proyectos menos populares y dejando de lado los problemas ambientales verdaderamente críticos de Panamá.

Algunos ejemplos ayudan a ilustrar esta selectividad. Se ha afirmado que el proyecto minero en Donoso contamina aguas y causa enfermedades y muertes. Sin embargo, no existe evidencia comprobada de personas afectadas o decesos vinculados a estas acusaciones. Lo que sí está demostrado es que más de 125,000 personas en la península de Azuero no cuentan con agua potable debido a la contaminación de sus fuentes hídricas. Curiosamente, esta crisis ambiental y social no suele ocupar el centro del debate ni de las protestas.

También se afirma que el mencionado proyecto de aproximadamente 5,900 hectáreas está “destruyendo” el Corredor Biológico Mesoamericano, mientras se omite que Panamá ha perdido cerca de 400,000 hectáreas de bosque en los últimos años por actividades como la tala ilegal, la expansión agrícola desordenada y los asentamientos informales. Problemas complejos, estructurales y menos convenientes para un discurso de buenos y malos. Donde con solo ver un mapa de perdida de cobertura descubrimos la falsedad de las acusaciones.

Según la ONG The Ocean Cleanup, Panamá alberga 7 de los 1,000 ríos más contaminados del mundo, principalmente por aguas residuales, desechos industriales y agroquímicos. Entre ellos están Río Abajo, Matías Hernández, Juan Díaz, Matasnillo, Caimito (Panamá Oeste) y, en Chiriquí, las desembocaduras de los ríos Nuevo y Platanal. Un detalle incómodo: ninguno está en Donoso. A esto se suma que más de 100,000 toneladas de basura llegan al mar cada año desde nuestro país, un problema que nos involucra a todos y cuya solución es costosa y compleja.

Nada de lo anterior implica ignorar los impactos ambientales del proyecto en Donoso. Por el contrario, la discusión responsable comienza al identificar cuáles son esos impactos, cómo se mitigan o compensan y si la empresa cumple con el Estudio de Impacto Ambiental y la normativa ambiental vigente. Para eso existen las auditorías ambientales, como la que actualmente se realiza. Juzgar antes de conocer resultados es, cuando menos, apresurado.

Esta situación recuerda la parábola de la oveja perdida: se ignoran las 99 para concentrarse en una sola.

Resulta ilustrativo revisar el documento Protegiendo a su comunidad contra las empresas mineras y otras industrias extractivas, Zorrilla C. 2009. donde sorprende cómo muchas acciones recientes desde 2023 parecen seguir un guión conocido de tácticas dilatorias, solicitudes de invalidación de estudios de Impacto ambiental, cuestionamientos permanentes a auditorías y acusaciones reiteradas que nunca se dan por satisfechas.

No debemos olvidar una verdad incómoda: mejorar el ambiente exige mejorar primero las condiciones de vida de las personas. El empleo formal reduce la minería ilegal, la tala ilegal y otras actividades que sí destruyen ecosistemas sin control alguno. Economía y protección ambiental están directamente relacionadas, aunque a algunos les incomode admitirlo.

La verdadera defensa del ambiente no se construye con dogmas ni con miopía selectiva. Se construye con datos, con leyes aplicadas con rigor, con auditorías transparentes y con una visión integral que atienda tanto a la naturaleza como a las personas. Panamá necesita menos consignas y más análisis; menos prejuicios y más responsabilidad. Cuestionemos todo, sí, pero a todos por igual, y enfoquémonos en los problemas ambientales reales y urgentes del país.