Registro Público, un mal comienzo

El Registro Público de Panamá es clave para la economía nacional. Es la institución responsable de verificar, registrar y dar fe pública y garantía jurídica a las transacciones que realizan los usuarios en sus tratos legales y comerciales con el Estado. Esa garantía de seguridad registral es vital para la buena marcha del Estado en su conjunto. Los usuarios, nacionales y extranjeros, han encontrado en el Registro Público de Panamá la solidez y seguridad que le valió el reconocimiento ciudadano. Sus aportes al Tesoro Nacional dada su fortaleza financiera, aunada a la modernización tecnológica y la competencia de sus funcionarios, no pueden ocultarse.

Pero para mala fortuna de la institución, los nuevos designados, convertidos en una tropa de choque en complicidad con antiguos funcionarios de la Dirección y de Recursos Humanos, desataron una persecución política que está generando descrédito y lesionando la verdadera memoria institucional. Todo eso pone en riesgo el futuro de la institución como baluarte de la seguridad jurídica.

Fue grotesco observar cómo el nuevo director del Registro Público de Panamá rompió los candados de una propiedad privada, en una acción temeraria y tendenciosa, para reclamar un supuesto bien que no pertenece a esa institución y que fue subastado en forma transparente por el Estado. La propiedad en referencia era la antigua sede del Registro Público de Panamá, en calle 50, que pertenecía al Estado y que fue subastada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En la convocatoria de noviembre pasado, en la que participaron 14 empresas con todas las garantías legales, resultó ganadora la firma que ofreció más del 43% del precio base.

Sin embargo, de forma irresponsable el nuevo director del Registro Público de Panamá trató de desconocer la manera transparente y con todas las garantías de la Ley con que se realizó el acto. Poner en juego a una institución creando el fantasma de una supuesta lesión patrimonial, cuando ninguna de las otras 13 empresas que participaron en la subasta impugnaron el acto, es un autosabotaje al Registro Público de Panamá y un atentado contra la seguridad jurídica del país.

Si lo que busca el nuevo director del Registro Público de Panamá, con acciones irresponsables como la realizada, es ahuyentar la inversión privada, haría una mejor contribución al país si se toma un tiempo para aprender sobre lo que tiene entre manos y alcanzar la necesaria curva de conocimiento, a fin de superar su ignorancia y falta de sentido común.

En asuntos de tanta seriedad, como la garantía jurídica de una institución, no se puede andar con espectáculos mediáticos. Hay normas y valores de la Ley, que deben respetarse. Eso está en la base jurídica de un Estado de Derecho. Y una de las instituciones llamadas a cumplir con esa normativa es el Registro Público de Panamá. Discreción, moderación y el momento para actuar son el marco de referencia a los cuales debería amoldarse el nuevo director de esa institución, que ha actuado como un aficionado del Derecho, más interesado en el calor de las fotografías y el brillar de las cámaras que en salvaguardar las garantías jurídicas de los actos del Estado.

*Periodista.d_olaciregui@hotmail.com