¿Legal o moral indemnizar al transporte público?

El sector transportista desde hace mucho viene explotando un servicio que por derecho le corresponde al Estado hacerlo. De esto no debe caber la menor duda, especialmente en esos supuestos dirigentes de transporte público, tanto colectivo, como selectivo, que piensan que el negocio del transporte es una actividad privada. Deben bajarse de esa nube e ir poniendo los pies sobre la Tierra.

Quien tenga una concesión del Estado, ganada en buena lid, es decir, que haya participado cumpliendo los trámites legales necesarios, tiene en sus manos un contrato que contiene cláusulas que obligan a cada una de las partes, las cuales tienen que ser cumplidas. Obviadas algunas de ellas, dará derecho a la rescisión del contrato por incumplimiento (inversiones o pagos) por el Estado o la solicitud de indemnización del concesionario cuanto el Estado no les ha cumplido las cláusulas pactadas. Así funciona esto.

Pero, hasta ahora, no conozco ni de acto público realizado para asignar un contrato de concesión con el sector transportista. Incluso, no existe un contrato debidamente refrendado por la Contraloría, requisito sine quanom para obligar al Estado a que le dé la calidad de concesionarios a los tenedores de certificados de operaciones. A la fecha, la práctica común ha sido asignar espacios por medio de cooperativas o asociaciones de transportistas, para dar determinada cantidad de certificados de operaciones.

¿Pero qué es un certificado de operación a simple vista? No es más que el permiso o autorización que otorga el Estado a determinado tenedor de dicho certificado, para que preste un servicio que le corresponde dar al Estado a cambio del cobro de tarifas, las cuales deben ser debidamente autorizadas. El certificado es completamente gratuito, no hay pago por él.

Hasta allí muy bien, pero esto no es una concesión como tal, por lo tanto el Estado no está ni tiene la obligación de indemnizar a ningún tenedor de certificado de operación, pues simplemente está reasumiendo su función pública y ningún prestador de servicios tiene en su poder contrato suscrito con el Estado, en donde se establezca cláusulas indemnizatorias, para que ahora la pretendan, después de usufructuar gratuitamente una actividad.

Por años se ha explotado el servicio público en forma ineficiente, pero los gobiernos que entran, pensando en los negocios personales, nunca han tratado el tema con sensatez y seriedad, pero no se puede estar jugando con el dinero del Estado para compensar a un sector que no ha cumplido con la delegación de una actividad que le dio el Estado. Más cuando la deuda con la sociedad y las víctimas superan con creces los intereses mezquinos de los transportistas.

*Abogado.roberto_ruiz_diaz@yahoo.es