El futuro de La Boca

La reciente consulta pública de APSA con residentes de La Boca para solicitar la aprobación de un estudio de impacto ambiental a la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) actualiza un tema sensible para esa comunidad.

La Calzada de Amador y La Boca tienen orígenes comunes. Surgen con la terminación en 1915 del relleno de la Calzada de Amador. Los planes eran conservar inseparables las dos comunidades, pero la Compañía del Canal de Panamá empleó un sector intermedio como patio de almacenamiento de tanques de combustible.

Al revertir el Canal y sus áreas aledañas a manos panameñas, La Boca se convirtió en uno de los terrenos más codiciados del sector Pacífico de la vía acuática. Sin tomar en cuenta las aspiraciones de sus habitantes para que el barrio fuera una prolongación del desarrollo turístico y residencial de Amador, en abril de 1989 la empresa APSA obtuvo por contratación directa la concesión de los depósitos de combustible de la ribera Pacífica y Atlántica del Canal.

APSA administra medio centenar de tanques y en los últimos tiempos ha trasegado anualmente unos cinco millones de barriles de petróleo para barcos y termoeléctricas. El contrato se renovó automáticamente cada cinco años. Pero en el 2004 encontró dificultades por incompatibilidad con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y la ANAM. Eso motivó que la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), en una votación de cuatro a favor y tres en contra, prorrogara el contrato por solo dos años. APSA llevó el caso a la Corte Suprema de Justicia, que todavía no ha fallado.

La empresa ha continuado operando, aunque el contrato venció el mes pasado. Y ha insistido para que la AMP autorice duplicar la capacidad de los tanques de almacenamiento de La Boca y construir un nuevo muelle. El proyecto no fue considerado por el gobierno anterior y está en manos de las nuevas autoridades.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y Transparencia Internacional han pedido que se deje sin efecto la contratación directa y se convoque a licitación pública la concesión de los depósitos de combustible.

La descontinuación de esas operaciones, por otro lado, no compromete el abastecimiento de combustible del país. Además, el pago por movimiento de barril de petróleo y los dividendos que ha percibido el Estado en 20 años no justifican la actividad, cuando pueden obtenerse más utilidades por el desarrollo turístico y residencial.

Hay que tomar en cuenta, igualmente, los riesgos que representa para La Boca el tener un peligro latente a las puertas, su impacto ambiental y las amenazas para las operaciones del Canal. Por más medidas de mitigación y prevención de riesgos que publicite APSA, siempre existe la contingencia de un accidente que podría golpear seriamente esa área.

La Boca es la prolongación lógica de Amador. No puede negársele, entonces, la expectativa de mejorar la calidad de vida y evitar riesgos innecesarios ante la presencia de depósitos de combustible. Por eso, el futuro de La Boca es pasar de un negocio contaminante y de alto riesgo a uno que no limite sus posibilidades de alcanzar un desarrollo sostenible.

*Periodista.d_olaciregui@hotmail.com