El crimen organizado en la Región

Las estadísticas indican un incremento sensible en la actividad del crimen organizado en la región de América Central y Panamá, hasta convertirse en el problema que más afecta a los ciudadanos. Su control exige medidas especiales e inmediatas, destaca el Informe sobre Desarrollo para América Central 2009-2010, hecho público en Panamá en días pasados.

El estudio identifica un total de 23 actividades ilícitas, que van desde el robo de cables eléctricos o celulares hasta delitos más complejos como el tráfico ilegal de armas o personas, el crimen planificado y el narcotráfico, todos relacionados con organizaciones criminales perfectamente estructuradas.

En realidad las organizaciones criminales más complejas, sofisticadas y nocivas para la seguridad ciudadana en la Región son de carácter transnacional. Entre ellas destacan aquellas dedicadas al tráfico de narcóticos y lavado de dinero, que es la forma de criminalidad organizada que más afecta hoy por hoy a la Región en general y a nuestro país en particular.

Este estudio y otros coinciden en señalar que el tráfico de drogas conlleva cinco graves amenazas para la seguridad de la Región: un incremento radical en los homicidios y otros actos de violencia por el trasiego de narcóticos y la lucha por el control de territorios; un aumento en el consumo local de drogas, que facilita o induce la comisión de delitos ordinarios; un estímulo importante para otras formas de criminalidad organizada; impulsa la corrupción de agentes de sistema de seguridad ciudadana y justicia penal, políticos y empresarios en sectores económicos conexos e incrementa la dedicación de cuantiosos recursos para luchar contra este flagelo, que bien podrían dedicarse a otras tareas.

Además, según este informe preparado por el PNUD, con sus enormes ingresos y su extrema propensión a la violencia, el narcotráfico estimula, recluta, tecnifica y potencia otras formas de criminalidad organizada y callejera, incluyendo el sicariato juvenil.

El estudio también plantea para el debate algunas estrategias para enfrentar, en forma multilateral, este delicado problema. Señalan que para aumentar la eficacia del castigo a la delincuencia organizada hay que abrir espacios a la seguridad ciudadana y fomentar el desarrollo humano. Considera que se necesita contar con instancias e instrumentos fuertes y especializados dentro de la Policía, los juzgados y los centros de reclusión.

La policía judicial o de investigación criminal requiere de métodos especiales para obtener y cuidar las pruebas. El proceso penal debe ser ágil, los jueces deben estar protegidos y deben perseguir en especial el lavado de activos, propone el informe.

Además, señala que los centros de reclusión necesitan controles especiales para que las redes criminales no lo penetren ni continúen allí sus actividades delictivas. Se requiere una política clara de resocialización, pero, sobre todo, es importante tener una política de prevención dirigida a toda la población.

El problema del crimen organizado es de tal magnitud que la Región centroamericana y Panamá se han convertido en una de las más violentas del mundo. La situación no es igual en todos los países de la Región, porque El Salvador, Guatemala y Honduras constituyen los países más afectados.

Esta elevada inseguridad está imponiendo una carga pesada a los estados de nuestra Región, en términos de recursos financieros y de la pérdida de oportunidades por el incremento del riesgo social y político.

Es importante que cada país de la Región sepa dónde está en materia de seguridad ciudadana. Desde la instalación de la democracia en todos los países de la Región se han logrado mejoras sensibles en el enfoque, en la profesionalización y en el funcionamiento de la policía, progresos en la calidad y eficiencia de la justicia penal y en los programas, todavía incipientes, para la prevención efectiva de la delincuencia.

Sin embargo, las reformas y modernización de la seguridad y la justicia no se impulsaron con la fuerza suficiente para lograr y mostrar resultados contundentes. El aumento de la inseguridad objetiva y de la inseguridad percibida llevó a optar por el llamado “ populismo del miedo ” y por la remilitarización de la seguridad ciudadana, como se señala en el informe Abrir espacios a la Seguridad Ciudadana y el Desarrollo Humano.

El informe plantea soluciones para mejorar la investigación contra el crimen organizado, proponiendo legislación que permita las operaciones encubiertas, la rebaja de penas y el pago de recompensa por colaboración eficaz con las autoridades. Propone la puesta en marcha de programas integrales de protección de testigos y de víctimas, así como vincular la investigación judicial con la inteligencia criminal.

Se incluye en la temática de propuestas la creación o fortalecimiento de unidades de la Policía, especializadas en la persecución y capturas de los cabecillas del crimen organizado y, en particular, de los carteles del narcotráfico.

Este interesante informe sobre la seguridad ciudadana debería ser motivo de un gran debate nacional para ajustar nuestra estrategia de seguridad.

*Ingeniero y analista político.blandonc@cwpanama.net