El programa del fascismo criollo

Las acciones antinacionales y en contra de la población realizadas por el actual gobierno, no pueden ser explicadas con la simple referencia a la presencia de la figura dictatorial que lo preside. Las mismas responden a un plan específico, elaborado y sostenido políticamente por los sectores económicamente dominantes del país. El mismo se encuentra, en gran medida, detallado en el documento Visión 2050 del Conep.

Este plan responde a la necesidad que tienen dichos sectores de transformar el conjunto de la sociedad, a fin de resolver los problemas que entraban sus intereses económicos. En este caso está, en primer lugar, el declive de sus condiciones de acumulación, que han dado lugar a problemas de su acopio de ganancias y capital.

Algunos indicadores sencillos explican esta urgencia. Justo antes de la pandemia la tasa de crecimiento del PIB real había caído hasta el 3.3%. El número de ocupados en la empresa privada se vieron reducidos en 51,015 personas entre el 2018 y el 2024. Por su parte entre el 2019 y el 2024 la relación deuda pública – PIB se elevó de 39.9% a 56.6%, lo que significaba un riesgo de pérdida del grado de inversión, que afectaría significativamente los intereses del capital financiero, que juega el papel central en el bloque dominante del país.

A esto se suma su creciente pérdida de hegemonía ideológica, gracias a las movilizaciones de los sectores sociales, las que, pese a ser básicamente esporádicas, inorgánicas y defensivas, son consideradas por la cúpula empresarial como un real peligro para su dominación política.

Fue traumático para los sectores económicamente dominantes el hecho que la movilización de los sectores sociales lograra derrotar el avance del estilo de desarrollo minero – extractivista. Estos sectores, así como el capital financiero global consideran que la minería metálica a cielo abierto resulta fundamental para restablecer las condiciones de acumulación de capital en Panamá.

Dada la profundidad de las transformaciones regresivas de todo lo anterior, los sectores del bloque económicamente dominante coinciden en la necesidad de contar, para tener un seguro de ultima instancia de su control político - represivo, con el apoyo de la potencia hegemónica. Esto explica la complacencia del gobierno fascista – dependiente, así como de la cúpula empresarial, con la presencia de tropas y bases militares en el territorio nacional. En realidad, se trata de una entrega artera de la soberanía nacional a cambio de protección militar extranjera.

La viabilizarían del plan de restauración política, económica y social ideado y promovido por los sectores económicamente dominantes, se inicia con la toma directa de los diversos organismos del Estado, para lo cual se utilizó el desarrollo de la última elección general. El resultado es que actualmente todo el ejecutivo se encuentra manejado de manera directa por representantes de la cúpula empresarial, junto a elementos militares reaccionarios. Así mismo se observa un creciente dominio del ejecutivo sobre el órgano judicial y la cada vez más evidente pérdida de independencia del órgano legislativa.

En el plano económico la política de restauración reaccionaria del par ordenado gobierno de turno – Conep, ha tomado la forma de una política de choque. Esta pretende transformar a profundidad, en favor de los intereses de los sectores económicamente dominantes, las relaciones sociales de producción y distribución. El primer acto de su aplicación fue la imposición, a sangre y fuego represivo, de la reforma del modelo de pensiones de la CSS.

A esta reforma se van a sumar el intento de reapertura de la contaminante mina de Donoso, la construcción, a cualquier costo, de los nuevos embalses, la mercantilización – privatización del agua potable, la reforma de la legislación laboral, una reforma tributaria regresiva, entre otras medidas.

La dura represión ejercitada por el gobierno fascista dependiente de turno, no solo estuvo destinada a imponer la Ley 462. Esta también fue aprovechada para avanzar la desarticulación, la judicialización – criminalización de la protesta y de los organismos representativos de los sectores sociales. En el plano de las relaciones sociales económicas se destaca el ataque al sindicalismo, con la finalidad, entre otras, de reducir su capacidad de negociación frente al capital y su potencial de sostener y lograr conquistas sociales.

Para el gobierno y la cúpula empresarial la imposición a sangre y fuego de la Ley 462 ha significado una mayor pérdida de hegemonía ideológica sobre la población, por lo que entiende la necesidad de reforzar sus aparatos de control ideológico. Es claro que se esta preparando una reforma educativa regresiva, lo que explica el interés de golpear y decapitar los gremios docentes.

También es notable la campaña privada por confundir a la población haciendo pasar como sostenible y conveniente la contaminante minería a cielo abierto, a la vez que se intenta satanizar los movimientos sociales ambientalistas.

Frente a todo esto hace falta un nuevo proyecto social, capaz de unificar y movilizar a la población en contra del proyecto fascista dependiente.