Subsidio electoral y la falta de transparencia

El subsidio electoral ha sido una aspiración legítima desde hace varios quinquenios para tratar de reducir las desigualdades en el financiamiento de las campañas políticas de los partidos políticos y dentro de ellos, para aquellos candidatos que carecían de los recursos para financiarse una campaña que cubriera, aunque fuera el mínimo, el costo de esta actividad electoral.

Estemos claros: la política no se hace con cascarita de huevos, no es así y tampoco ha sido nunca una actividad que puede realizarse sin tener acceso a recursos, que permitan visibilizar el mensaje político y las propuestas electorales de cada partido.

Los procesos electorales en Panamá han estado marcados, desde hace muchísimos años, por prácticas electoreras deleznables: la compra de votos, el reparto de alcohol, las falsificaciones del padrón electoral y la desaparición de urnas. Estas son solo algunas de esas prácticas, a las que habrá que añadir cuanto truco es imaginable durante el proceso del conteo de votos, recogidas en las diferentes denuncias de fraudes, tanto a nivel presidencial como legislativo.

Los famosos “paquetazos” –no eran otra cosa que votos fraudulentos– han viciado elecciones presidenciales y torcieron los resultados en varias ocasiones, los más recientes de 1984 y 1989 y otros golpes de Estado contra Arnulfo Arias M. en 1941, 1951 y 1968, este último nos hundió por 21 años en una siniestra dictadura.

El subsidio electoral no iría a remediar ninguno de estos males, pero sí equilibraría el torneo electoral, permitiendo una mayor participación tanto de partidos como de candidatos, para dar como resultado relevos generacionales y la modernización de los partidos.

Es de general conocimiento, el poder económico en Panamá ejerce su poder en el apoyo a candidatos y por las cantidades que invierten es para promover sus propios intereses. Parece más que claro, pues los donantes de estos montos millonarios no guardan relación con apoyos a otras necesidades de la sociedad, como las actividades culturales, sociales, de investigación científica, educativas o religiosas. No hay en Panamá muchos filántropos.

El problema mayor en estos momentos del subsidio electoral es la falta de transparencia en el manejo de los fondos, responsabilidad con la que no ha cumplido nunca el Tribunal Electoral. El subsidio puede y debe utilizarse no solo en las campañas, sino en los periodos postelectorales para mantener una presencia visible en todo el país y organizar cursos de formación política y la divulgación de sus actividades y programas.

Después de las elecciones, normalmente, las sedes de los partidos desaparecen, se cierran oficinas y las actividades partidarias quedan a cargo de alcaldes, diputados y representantes de corregimiento. Vale señalar que el subsidio reglamenta el uso de un monto razonable para promover la participación política de las mujeres y de este uso no parece haber una rendición de cuentas, que confirme la realización de actividades para promover a las mujeres.

El Tribunal Electoral no se ha preocupado por asegurarse que los fondos se utilicen para lo que establece la ley, menos aún durante las campañas políticas cuando junto al subsidio se reciben donaciones multimillonarias que provienen del sector privado. El Tribunal Electoral no parece tener la capacidad de vigilancia de las donaciones privadas, que por ley tienen un tope establecido; un mismo donante no puede aportar más de 300 mil dólares para la campaña presidencial. Además se establece que no se puede donar más del 3 % del tope de gastos del candidato.

En el caso de los diputados, no puede recibir más de 300 mil dólares sin importar el tamaño del circuito, para alcalde y representante el tope varía según la cantidad de electores, con un mínimo de 15 mil para alcaldías y 10 para corregimientos y para los candidatos al Parlamento Centroamericano se establece un monto de 10 mil por candidato.

Es obvio el despilfarro de algunos candidatos, que siguen incurriendo en prácticas electoreras y clientelistas, no solo incluyen la compra de votos sino la entrega de diversos bienes, desde materiales de construcción hasta televisores, computadoras, eventos multitudinarios, colchones, bicicletas, electrodomésticos y todo cuanto usted se pueda imaginar y más.

Vale preguntarse si el Tribunal Electoral está garantizando el uso transparente del subsidio, de la legitimidad de las donaciones privadas y obtener una contienda electoral que permita una mayor participación y transparencia de partidos sin dueños, en la promoción de la participación de las mujeres y de candidatos con legítimas aspiraciones y pocos recursos.