Un verdadero clamor social

Resulta casi una costumbre —para nada agradable— observar a través de los diversos medios de comunicación social información inherente a hechos delictivos que se suscitan a lo largo y ancho del país, y en la que irónicamente en un alto porcentaje se encuentran involucrados menores de edad.

En el último quinquenio los esfuerzos gubernamentales en esta materia no han llenado a cabalidad las expectativas de la ciudadanía, que cada día es víctima de una incertidumbre emocional con el simple hecho de salir a la calle. Actualmente la ola de criminalidad es un problema que lamentablemente se escapó de las manos y que hay que encontrar los paliativos necesarios que permitan mitigarlo progresivamente.

Los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional entendemos nuestra responsabilidad de legislar a favor de la población, razón por la cual a través de la Comisión de Gobierno —a la cual pertenezco— se mantiene aún en la agenda la discusión del anteproyecto que modifica la Ley 40 de 26 de agosto de 1999, sobre régimen especial de responsabilidad penal para la adolescencia.

Entendiendo las tres finalidades primordiales del Régimen Especial de Responsabilidad para la Adolescencia, que se circunscribe a la educación del individuo en los principios de la justicia, la defensa de la sociedad y la seguridad ciudadana, y la resocialización de los infractores, para que los menores infractores formen parte del proceso pedagógico de la responsabilidad y de la resocialización que asegure su reinserción en la familia y en la sociedad, a través del aprendizaje de una actitud constructiva en relación con su entorno.

Sin embargo, la problemática es mucho más profunda si se tiene en cuenta la idiosincrasia de antivalores que impera en los jóvenes, quienes a temprana edad sueñan con carros de lujo y todo tipo de vanidades, como producto de algún acto ilícito y no como fruto del esfuerzo académico y laboral. Es un problema integral que requiere un esfuerzo adicional por parte de los medios, las dependencias gubernamentales, la empresa privada, entre otros, porque no es un asunto unilateralmente del Gobierno.

En un tema sensitivo como este sobran las opiniones a favor y en contra. Tampoco podemos obviar el gran luto que estos actos delictivos de los menores infractores han dejado a cientos de familias.

Uno de los principales ejes debe ser el mejoramiento de la infraestructura del Centro de Cumplimento de Menores y convertirlo en un verdadero centro de resocialización, con el intrínseco objetivo de garantizar que la estadía de los menores de edad sea lo más productiva posible, y que no continúe siendo el centro de enseñanza delictiva que tiene su graduación en los centros de cumplimiento de adultos.

En resumen, aún estamos a tiempo de garantizar mejores días para los menores de edad que infringen la Ley, ya sea por convicción propia o por los problemas multidisciplinarios que han podido tener durante su niñez en el hogar. La verdadera solución al problema radica en la concienciación que cada dependencia pueda ofrecer a nuestros menores de edad ni con enérgicas sanciones, pero tampoco con castigos blandengues. Es necesario un equilibrio.

*Diputada independiente por el 8-2 (Capira).yabrego@asamblea.gob.pa