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31 de May de 2020

Redacción Digital La Estrella

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Si yo fuera diputada hoy

Todo parece indicar que, cuando se publiquen estos comentarios, ya se habrá escogido las dos personas que durante los próximos diez años...

Todo parece indicar que, cuando se publiquen estos comentarios, ya se habrá escogido las dos personas que durante los próximos diez años ocuparán los cargos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Faltando su ratificación por parte de la Asamblea Nacional, que debería ocurrir antes de fin del año, me atrevo a reflexionar sobre la experiencia que acabamos de vivir y sobre lo que queda pendiente en el seno del Órgano Legislativo.

Nadie duda que el Órgano Ejecutivo tenga la plena facultad para nombrar a estos magistrados ni los requisitos que la Constitución Política exige de los aspirantes. Es totalmente potestativo del Consejo de Gabinete hacer los nombramientos según su propio criterio, siempre que al menos llenen las condiciones mínimas que exige la Constitución. Lo que se ha cuestionado acremente, sobre todo en los últimos tiempos, está referido a las verdaderas razones que deben imperar al hacer la selección, más allá de los requisitos formales exigidos.

En esencia se desconfía de los motivos que mueven al Ejecutivo al hacer la designación. Con justa razón se ha llegado a la conclusión de que los nombramientos muchas veces se hacen respondiendo a motivaciones políticas o, peor aún, a intereses personalísimos. Con ese fin, entonces, se escogerían personas dóciles, cuya formación y experiencia no sean tan relevantes como su disposición a ceder ante la menor presión externa.

Si satisface requisitos básicos, cualquier abogado puede concursar. Si hay toda clase de abogados en la viña del Señor y si se sospecha de las motivaciones del Ejecutivo, el objetivo que hemos visto en la etapa que acaba de concluir ha consistido en rebuscar todo lo malo, todo lo negativo, desempolvar cuanto detalle sucio, feo y oscuro se pueda encontrar —o inventar— para desacreditar al candidato. Se airean “ trapos sucios ” o se recurre a bochinches vergonzosos. Importa atacar sin pizca de sensibilidad y sin importar el daño al buen nombre de la persona y de su familia. Pero la falacia de este esfuerzo mordaz es que la ausencia del pecado no encarna necesariamente la existencia de la integridad, la sabiduría y la vocación que necesitamos en el Órgano Judicial. Se queda corto, porque no ser malo no significa ser bueno. No poseer un récord policivo negativo no delata un ciudadano ejemplar ni un profesional erudito.

De ahí que, a mi juicio, corresponde ahora a la Asamblea Nacional —en especial a su Comisión de Credenciales— asegurar que los nominados poseen los atributos positivos que todos deseamos. Es hora de dejar atrás lo destructivo para escudriñar credenciales positivas de valentía, moralidad, experiencia, vocación, sano criterio, independencia.

Si fuera diputada hoy, yo indagaría sobre la trayectoria profesional del nominado: Si ha ejercido privadamente, ¿qué causas ha defendido? Si se ha desempeñado en el sector público, ¿qué decisiones trascendentales tomó en beneficio del país? Y en cualquier caso: ¿A qué actividades humanitarias ha dedicado tiempo? ¿Cuál es su filosofía de vida? ¿Qué importancia le merecen los derechos humanos, el aborto, la discriminación, la familia, la transparencia gubernamental, la libertad ciudadana y de expresión, la democracia, la separación de poderes, y tantos otros temas que nos preocupan hoy y en los próximos años? Yo inquiriría profundamente, porque con sus respuestas podríamos vislumbrar sus decisiones futuras.

*Ex diputada de la República.mireyalasso@yahoo.com