Se premian los atropellos

A pesar que este pueblo clama a gritos ¡Justicia! , la dinámica del aparato gubernamental inclina la balanza a favor de las minorías que ostentan el poder económico y controlan el poder político.

El nombramiento de los dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna y José Abel Almengor, constituye una muestra más del desprecio que se tiene a los intereses del pueblo trabajador, que día a día ve cómo el supuesto cambio se quedó en una falsa promesa electoral.

Ricardo Martinelli prometió que promovería “ cambios ” en el método para escoger a los magistrados de la Corte, que las designaciones de los magistrados de la Corte Suprema serían el resultado de la consulta, donde debía prevalecer la capacidad, profesionalidad y solvencia moral de los candidatos; que no impondría sus allegados.

El supuesto proceso de consulta y participación de la llamada sociedad civil quedó en otro “show mediático” , los listados confeccionados quedaron al margen frente a la fuerza de los ungidos del señor presidente.

Tanto Moncada Luna como Almengor son precedidos por una trayectoria cuestionada por sus decisiones en puestos públicos y por su accionar en la vida pública. Moncada Luna, miembro del PRD hasta enero de este año, cuando convenientemente cambia tolda para apoyar a Martinelli; fue el viceministro de la Presidencia durante la administración de Ernesto Pérez Balladares; hoy, según informaciones, ha sido nombrado para ocupar un cargo justamente en la Sala donde se le siguió un proceso. Almengor, ex fiscal de drogas: amigo del presidente de la República; funge como secretario de Seguridad de Ricardo Martinelli, cargo que se señala fue creado especialmente para él.

Como suplentes se designó a Zaira Santamaría de Latorraca y Wilfredo Sáenz. La primera, madre de Sherina Latorraca, quién en 2003 atropelló a Katia Guerra y a su hijo de dos años provocándole la muerte, la misma que según información vertida en los medios de comunicación social se dio a la fuga y trató de encubrir el accidente con ayuda de su madre. Sherina Latorraca, por su parte, ha sido nombrada como parte de la Defensoría del Pueblo, como Oficial de Derechos Humanos, lo que a todas luces constituye otra burla más a la población panameña.

Es claro que dos de los cuatros ungidos no cumplían con los requisitos establecidos en las normativas (idoneidad), y que en un abrir y cerrar de ojos, ágil y eficientemente el engranaje publico resolvió las inconsistencias. Es claro, también, que varios de ellos tienen antecedentes de actuar fuera de la Ley, incluso obstaculizando la misma. Este es el cambio de Martinelli y su equipo de gobierno.

Como todo el pueblo sabe, ahora solo resta que la aplanadora legislativa emita la formalidad de su respaldo a un proceso que nuevamente pone en el tapete la no independencia de poderes, y la trayectoria de los partidos políticos que controlan el gobierno por asegurarse una correlación de fuerzas favorables en el Órgano Judicial al momento de su salida, que impida cualquier acción contra sus actuaciones.

Una vez más se premian los atropellos contra el pueblo panameño; se usa el Estado como mecanismos de pagos de favores políticos; se niega los anhelos de justicia; se restringe aún más la posibilidad de construir verdaderamente un Estado democrático.

Cómo puede el pueblo panameño tener credibilidad en el Órgano Judicial, cómo puede esperar que se haga justicia a las víctimas de envenenamiento masivo; a las víctimas del bus incendiado; a los desaparecidos, torturados y asesinados durante la dictadura militar; a los asesinados en la invasión norteamericana de 1989 (de la que hoy se cumplen 20 años); a los obreros asesinados por el sicariato. Cómo pueden los pueblos originarios esperar que de la Corte emanen decisiones que pongan el interés nacional y cultural por encima de la vorágine de las multinacionales mineras e hidroeléctricas. Cómo esperar que se respeten los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con conductas como éstas.

Se trata de otra gran mentira de la llamada clase política, misma que se prepara para dar otra estocada al pueblo trabajador durante las fiestas de fin de año, con reformas tributarias que impulsan aumentar el ITBMS, reformas a la seguridad social (privatización vía externalización de servicios) y a la educación.

Frente a ello, la Coordinadora Nacional de Lucha por el Respeto a la Vida y la Dignidad del Pueblo, que aglutina diversas organizaciones del país, esgrimió algunos acuerdos para enfrentar los atropellos del actual gobierno, que pasan por acciones de organización, movilización y unidad.

*Secretario general del Suntracs.rologe54@yahoo.com