Del Juzgado 1° Municipal Civil de Colón

La experiencia de emprender un trámite de sucesión testamentaria en el Juzgado 1° Municipal civil de Colón, con el fin de salvaguardar el patrimonio familiar constituye una vivencia, realmente, desalentadora y desagradable. Más aún, cuando toca constatar la ausencia de conciencia moral en los funcionarios de instituciones encargadas de aplicar justicia o resolver situaciones legales que podrían ser de vida o muerte.

La conciencia moral es una conducta que debe caracterizar, obligatoriamente, a todo servidor público conforme al deber, pues conlleva el conocimiento de lo que se debe y no se debe hacer. El principio de conciencia moral invita a los funcionarios o servidores públicos a un accionar propiamente puro, eficiente, eficaz, de calidad humana, solidario, condolente y empático al momento de la atención. Ello debe primar, aun cuando la realidad salarial no sea cónsona con la labor realizada.

Para los bien entendidos, el periplo de la sucesión testamentaria es un proceso de no más de tres meses; sin embargo, el letargo y apatía de algunos funcionarios constituye una praxis dilatoria de antonomasia. La travesía personal como civil, evidencia un error humano en los expedientes luego del veredicto de sucesión, que se transcribe en las escrituras por parte de la notaria correspondiente. La obtención de los paz y salvo para efecto del Registro Público fue sin engorro alguno, más su rechazo por defectuoso implica retornar al juzgado para la correspondiente corrección. Una vez allí, se vivencia la irresponsabilidad, informalidad, poca idoneidad y definitiva injusticia por parte de los funcionarios a cargo. La entrevista con el juez, fue negada.

Sin pretender de conocedor del derecho, resulta inverosímil que la simple corrección de un documento legal en un juzgado, sea más engorrosa que el propio juicio de sucesión. Al parecer, esta es la realidad que espera a los ciudadanos que en el ejercicio de sus derechos civiles no cuentan con recursos para sufragar los servicios de abogados, profesionalmente, potables o en el peor de los casos, para acceder a las propuestas indignantes de funcionarios inescrupulosos e infrahumanos, con tal de ver legalizados y en salvaguarda sus bienes patrimoniales familiares. ¡Oh Justicia, cuántos crímenes han de cometerse en tu nombre!

Bueno será, que al momento de seleccionar y asignar funcionarios a instituciones encargadas de aplicar justicia, se vea más allá de sus títulos, ejecutorias, experiencia o trayectoria política, pues su accionar humanitario ha de ser un elemento ‘sui géneris' al encarar las distintas situaciones civiles que lleguen a estas instancias. En esta medida los ciudadanos tendríamos experiencias más alentadoras en el ejercicio de nuestros derechos civiles.

En fin, todo servidor público es ante todo un civil y como tal, no podemos olvidar el ejercicio de la empatía en el desarrollo de nuestras labores, de modo que, nos encaminemos a forjar una voluntad ciudadana que coadyuve a resolver la crisis de justicia y el selectivismo judicial que vive nuestro país.

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