Odisea de los vecinos de Obarrio-calle 61

Cuando en 1986 adquirimos nuestra primera casa en Obarrio —calle 61— ésta era una tranquila calle residencial, con árboles frondosos, donde se vivía en un ambiente agradable y céntrico. Con el pasar de los años nuestros hijos fueron creciendo y la ciudad también, presionando nuestra área con edificios y construcciones comerciales que no embonaban en el ambiente. En algunas calles de Obarrio las autoridades habían autorizado la construcción de edificios, cediendo ante la presión.

Fue en el año 2006 que la debacle empezó y el MIVI, ante la presión de algunos promotores insaciables, comenzó a otorgar cambios de zonificación sin tomar en cuenta los intereses de la comunidad, que desesperadamente se defendía en las audiencias públicas, una burla a los vecinos que nos sentíamos impotentes ante la arrogancia de las autoridades que las convocaban y que al final hacían lo que querían con las normas de densidad y zonificaciones de Bella Vista y San Francisco, otorgándolas al por mayor y sin plan de urbanismo previo. ¡Hoy vemos las consecuencias de estas acciones irresponsables!

En este ambiente de “ sálvese quien pueda ”, los vecinos de la calle 61 nos enteramos de que en nuestra apacible calle estaban construyendo un depósito comercial para el proyecto Lumimax de calle 50 con acceso para camiones en un lote adyacente, que en 2002 intentaron convertir en estacionamiento y que habíamos logrado detener. Era inaudito que estos señores pretendieran construir un depósito de mercancía, pero habían obtenido un certificado brujo (como se demostró después) de la Dirección de Desarrollo Urbano del MIVI, donde afirmaban que la finca tenía una zonificación RM3—C2, que permite casi cualquier cosa.

Al enterarnos de esta aberración, los vecinos nos dirigimos al MIVI a reclamar, porque conocíamos del estatus especial de la finca y cuál fue nuestra sorpresa cuando el Arq. José Batista, entonces director de Desarrollo Urbano, nos manifestó que todo había sido un error y así lo confirmó por escrito, en una nota del 10 de enero, al Ing. Salas, donde manifestó: “...como quiera que en dicha certificación se dijo de manera equivocada que las fincas.. tenían un uso de suelo RM3—C2, cuando en realidad es R2A (Residencial) hemos procedido a dejarla sin efecto.. ”. Ante esta afirmación y la presión de los vecinos, no le quedó otra al ingeniero municipal Salas que mandar a suspender la obra.

Los vecinos no nos quedamos tranquilos y empezamos a organizarnos nuevamente, habíamos ganado una batalla, pero la guerra se veía venir de todas maneras. No pasaron tres meses cuando el MIVI convocó a una reunión de consulta, sobre una solicitud de cambio de zonificación por parte de los dueños del proyecto Lumimax, el 3 de mayo. Asistimos acompañados de nuestro asesor, el Arq. Álvaro Uribe, urbanista reconocido, pero en realidad la reunión se convirtió en una promoción del proyecto con la presencia del Arq. Pinzón, los dueños y el director Batista para convencernos de sus bondades, lo cual fue rechazado por los vecinos.

Pese a nuestro rechazo y los estudios técnicos del propio MIVI, que no lo recomendaban, dos semanas después, el director Batista procedió a emitir la resolución 26 del 22 de mayo del 2006, donde le concedió a Lumimax, graciosamente, el cambio de zonificación solicitado y el Ing. Salas (hoy encausado), en forma expedita volvió a otorgar el permiso de construcción reanudándose la obra. Los vecinos nos sentimos burlados y humillados, pero decidimos seguir luchando por la vía legal. Tras evaluar las opciones, decidimos demandar la resolución de Desarrollo Urbano ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por ilegal. Reunimos el dinero y los poderes de los que se atrevieron a firmar y contratamos a la Lic. Giulia de Sanctis, experta en la materia.

Pasó el tiempo y la obra se terminó y los camiones entraron y salieron y el barrio se congestionó y cambió, algunos inclusive decidimos vender y nos mudamos, pero la lucha continuó en la CSJ y en los medios. Finalmente, después de tres años y medio, el 24 de diciembre pasado, la CSJ falló declarando ilegal la resolución de Desarrollo Urbano y retrotrae el estatus de la finca a su origen, ¡R2A—Residencial!

A pesar de los años transcurridos, sentimos mucha satisfacción al enterarnos del fallo, como un regalo nos llegó la noticia. Pero la alegría duró poco, pues, la Lic. De Sanctis nos confirmó que, pese a haber ganado el caso en la CSJ, no podríamos obligar a Lumimax a cumplir con la zonificación por ya haberse terminado la obra.. que en todo caso podíamos demandar al Estado por daños y perjuicios...? ¡Qué absurdo es esto y qué injusta situación para los ciudadanos!

Resulta que los promotores logran, mediante presión política y otros medios, un cambio de zonificación en el MIVI de un lote que les significa millones de dólares de ganancia, a costa de los vecinos del área, que deben sufrir la mayor congestión de la misma y el deterioro de sus calles y servicios públicos. Pero si estos quieren hacer respetar sus derechos y se oponen por la vía legal y ganan el caso en la máxima autoridad judicial, la CSJ, los promotores salen ilesos y no tienen penalidad alguna y es el Estado, o sea, todos nosotros los que debemos pagar los daños y perjuicios causados por ellos y sus cómplices, destruyendo barrios residenciales enteros en nombre del progreso. ¡Continuará!

*Fundador de la Asociación de Residentes de Obarrio y ex ministro de Estado.faramburup@gmail.com