Alerta constitucional e institucional

Sostener que gozamos de un sistema de gobierno participativo y democrático es querer esconder el sol con una mano. Los acontecimientos —o sobresaltos, como prefieran llamarlos— con que terminó la semana muestran las verdaderas intenciones que han inspirado los seis meses de gobierno que lleva el actual mandatario. Tal parece que habrá que ir haciendo un “check list” que vaya comparando la agenda o programa de gobierno con lo cumplido y lo actuado desde el primer día.

Todavía queda una instancia que no ha sido tocada por el afán de controlar, inspirado en el más oscuro sentido de la manipulación. Los nombramientos de los dos nuevos magistrados y la parodia que se dio en torno al proceso de su selección debió haber dado paso al gremio de abogados para levantarse en serias protestas, al igual que la llamada sociedad civil, que casi vertió lágrimas de sangre ante tanta burla —especialmente porque sus adláteres se sintieron gravemente traicionadas—. Siguieron los procesos contra el ex presidente Ernesto Pérez Balladares, que todavía lo mantienen en total indefensión y remata con la separación del cargo de la procuradora general de la Nación, donde a todas vistas es un hecho que ha permitido que “ los pájaros le tiren a las escopetas ”, porque se le ha levantado una causa en virtud de haber señalado y condenado un acto de corrupción ampliamente comprobado. Todo esto sin tomar en cuenta que, a dos semanas de la celebración de los carnavales, no hay junta que los organice ni mucho menos ruta o lugares donde se va a escenificar el desenfreno y que actualmente tenemos dos procuradores y el Ejecutivo está en total acefalía.

Esa instancia es la Autoridad del Canal de Panamá, que para el próximo 13 de febrero (sábado de carnaval) tendrá que recibir la designación de tres nuevos directores a los que nombrará, precisamente, el Poder Ejecutivo. A la fecha, aún cuando se designó a un director y al actual ministro del Canal en su momento, no se barajan nombres que llenen las vacantes que dejarán Mario Galindo, Antonio Domínguez y Guillermo Quijano, que, a pesar de haber sido nombrados por la ex presidenta Mireya Moscoso, fueron personas probas en el enorme reto que ha llevado adelante la empresa más importante del país, especialmente en lo concerniente el referéndum celebrado para iniciar la ampliación de la vía acuática.

La ACP es —todavía— un modelo que debe preservarse y entre todos tenemos que defender ese bastión. También la ACP puede convertirse en un codiciado botín político y económico, toda vez que un estudio realizado hace unos años por la empresa INTRACORP se hacían adelantos econométricos de 25,000 millones de dólares a ingresar al Producto Interno Bruto entre los años 2014 y 2025, una vez culmine el proyecto de ampliación, sea por tránsitos —directos, indirectos, inducidos y paralelos— además contando con el desarrollo del conglomerado en su totalidad. Esos hombres —porque tal parece que no se sueña con designar mujeres— que formarán parte de la Junta Directiva de la ACP, más los que tendrá que designar el Ejecutivo en el año 2013, cuando se vencen los períodos de otros tres que también nombró el gobierno de Moscoso (quizás los más anodinos, salvo el Lic. Ramírez) y un nuevo administrador —porque el actual no puede reelegirse, a pesar de lo bien que lo ha hecho— tendrán en sus manos un poder absoluto y apabullante que, en manos de quienes no respetan la separación de los poderes y que mandan, no gobiernan, puede ser muy peligroso. Haciéndome eco de lo escrito por el ex secretario general de la Autoridad Marítima, ¿serán escogidos estos nuevos miembros entre los personajes sumisos que rodean al presidente o se escogerá a personas independientes que puedan mantener la tradición de empresa ejemplar que es el Canal? Esa interrogante es tan fácil de descifrar como tener una idea de cómo va a acabar el asunto del FIS o de qué forma maneja el Ejecutivo la Fiscalía ante la cual está Ayú Prado: por Black Berry chat.

*Arquitecta y ex ministra de Estado.marielasagel@gmail.com