Impuestos e inversión social

En las últimas décadas las administraciones gubernamentales sustentan, como limitante para ejecutar programas de inversión social, la insuficiencia de fondos que garanticen el desarrollo de los planes de gobierno.

Así, durante la administración Moscoso (2002) la Asamblea Nacional aprobó la Ley para el reordenamiento y simplificación del sistema tributario. Introdujo la tributación en la prestación de servicios al ITBM, cuyo principal aporte consistió en la reducción de la carga tributaria y eliminó el impuesto sobre la renta para salarios menores de B/.800.00 mensuales.

La administración Torrijos (2005), introdujo modificaciones al sistema tributario. Incorpora el CAIR (deducción alterna del impuesto sobre la renta), el pago de impuestos sobre los ingresos generados por personas naturales como gastos de representación y el “ flax tax ”, que aplica un porcentaje similar para todas las empresas. Lo que a juicio de los proponentes controlaría la evasión fiscal. Estas reformas fueron severamente cuestionadas por diversos sectores, producto del impacto inmediato reflejado en el aumento de los precios de la canasta básica.

Al igual que gestiones anteriores y bajo el mismo argumento la Asamblea actual aprobó un paquete de reformas tributarias. Este, amplía de B/.800.00 a B/.846.15 el rango salarial de trabajadores que liberan su pago de ISR y lo disminuye del 24% al 15% a los trabajadores que perciben salarios hasta tres mil balboas mensuales.

Se elimina el CAIR e introduce el Impuesto Mínimo Estimado (IME), que pagarán las empresas con ingresos superiores a 1.5 millones de balboas anuales. Los artículos de lujo como automóviles, joyas, yates y otros pagarán ITBMS. Se incrementa del 5% al 7% el ITBMS, medida que según el ministro de Economía y Finanzas no afectará, porque no será cargado al consumo de productos alimenticios, servicios de salud, medicinas, educación, transporte, combustible, servicios públicos, alquileres, viviendas e insumos agropecuarios.

La pobreza, desempleo e inseguridad, continúan siendo los pretextos principales para que gobierno tras gobierno justifiquen reformas tributarias bajo el supuesto de incrementar los ingresos y robustecer el Presupuesto Estatal y con ello la capacidad de inversión para obras y programas de equidad social.

El aumento del salario mínimo dejó sentir una corriente inflacionaria, que impactó con mayor severidad a los empleados públicos con salarios estancados, así como a los ocupados en actividades informales ¿y qué de los desempleados? Situación que aunada a la entrada en vigencia de la nueva reforma tributaria hace percibir otra disminución en el poder adquisitivo, producto del traspaso de impuestos a los consumidores.

Es correcta la visión de que la carga impositiva sea progresiva, pero es necesario que los gobiernos consideren dispositivos efectivos que garanticen el uso adecuado y racional de los recursos del Estado, la disminución de la deuda pública, el establecimiento de políticas salariales progresivas que consideren el factor inflacionario, al igual que dispositivos legales y operacionales que castiguen la evasión fiscal.

*Economista y educadora.diostesalvepanama@yahoo.com