Democracia, derechos y deberes

En las últimas semanas, medios noticiosos, informan sobre el Proyecto de Ley presentado por los diputados Marco González y Noriel Salerno, que procura sentar las bases para penalizar con dos años de cárcel a quienes protagonicen cierres de calle.

Definitivamente, a todos nos causa incomodidad el cierre de calles, pero la cárcel no es la solución, la protesta pacífica es un derecho humano fundamental establecido en los sistemas democráticos y en nuestra Carta Magna, como mecanismo para mostrar descontento o inconformidad frente a medidas impopulares o incapacidad de los gobiernos para resolver las necesidades de la comunidad, máxime si se trata de promesas de campaña.

Los derechos, igualmente, conllevan deberes y responsabilidades. Quienes organicen actividades de protesta para manifestar su disconformidad, con algún evento o disposición, deben tomar las medidas pertinentes para prevenir acciones de vandalismo o desorden público reprochables, que trastornen la seguridad ciudadana y paz social.

De igual manera corresponde a las autoridades gubernamentales idóneas, en este caso municipales, cumplir los procedimientos legales y aplicar las normas establecidas a fin de solventar eficientemente los requisitos y condiciones determinados para la expedición de permisos oficiales para la realización de convocatorias a manifestaciones públicas, a fin evitar posteriores conflictos en donde tengan que intervenir agentes policiales con procedimientos de fuerza muchas veces censurables.

Con la experiencia vivida durante el período militar cuando el hecho de manifestarse o discrepar con el gobierno se castigaba con prisión según lo establecido en el Código Penal reformado en el año 2007, nos da una leve idea de lo que podría suceder si se dan en la actualidad posiciones discrepantes con las autoridades gubernamentales de traspasar esta falta del Código Administrativo al Penal.

Parecieran inconsistentes e inexistentes argumentos lógicos y sensatos que avalen esta disposición. Se requiere, realmente, que las autoridades competentes apliquen las normas establecidas y que los ciudadanos ejerzan su derecho a protestar de manera cívica y respetando el derecho de terceros.

Las personas tienen derecho a pronunciarse y protestar cuando las medidas gubernamentales no apuntan a resolver las necesidades de las mayorías o les afectan, pero sin quebrantar el derecho del resto de los ciudadanos violentando la propiedad pública y privada. Igualmente las autoridades deben dejar a tras la histórica y mala práctica de prestar oídos sordos a las reclamaciones, situación que desemboca en perjuicios a la sociedad. Si queremos una sociedad democrática, tenemos que empezar por demostrar civismo, respetando el derecho que tenemos todos a discernir y discrepar.

Sugerimos al Señor Presidente considerar el veto a este proyecto de Ley. El mismo lesiona el derecho ciudadano de manifestarse y desvirtúa lo consagrado en la Constitución Política y los Derechos humanos, sin embargo debe ser enérgico exigiendo a las autoridades competentes aplicar y hacer cumplir la norma establecida, así como sancionar públicamente a los jerarcas que incumplan con su responsabilidad.

*Educadora y economistadiostesalvepanama@yahoo.com