25 de Oct de 2021

  • Redacción Digital La Estrella

Columnistas

Ley fascista impone “Cárcel para el pueblo”

Quien escribe ha sido perseguido, reprimido y encarcelado injustamente, al igual que toda la dirigencia del Suntracs, incluso a nuestro ...

Quien escribe ha sido perseguido, reprimido y encarcelado injustamente, al igual que toda la dirigencia del Suntracs, incluso a nuestro compañero Saúl Méndez se le montó una acusación para llevarlo a los tribunales, comprobándose en el juicio la falsedad de las acusaciones.

En 1995, cuando Ernesto Pérez Balladares reformó el Código de Trabajo imponiendo la Ley 44, más de 500 miembros del Suntracs, en ellos casi la totalidad de la dirigencia, fueron encarcelados. En el 2001 bajo la administración de Mireya Moscoso, cuando se aumentó el precio del pasaje, cientos de panameños fueron reprimidos y encarcelados. En el 2005, Martín Torrijos impuso la Ley de la Muerte, donde más de 1,000 panameños fueron detenidos.

Al Suntracs en los últimos años le han asesinado cinco de sus dirigentes, todos luchadores que entregaron su vida por mejores condiciones de trabajo, por seguridad social, por el derecho a la vida del pueblo panameño.

Pese a todo ello, nunca hemos claudicado, hemos seguido en las calles, porque ni la represión ni la muerte detendrán a una organización que está consciente que los derechos que no se conocen y no se defienden se pierden. Porque el movilizarnos e incluso trancar las avenidas es un derecho universalmente reconocido producto de las heroicas luchas del movimiento social. No es una ley fascista la que nos detendrá.

¿Quienes y por qué se movilizan? Se movilizan los pobladores que no ven respuestas a sus demandas comunitarias: acceso al agua potable, a la prestación del servicio de recolección de la basura, la seguridad ciudadana; se moviliza el obrero al cual todos los días se le violenta su derecho al trabajo y a un salario que propenda a una vida digna, al que se le coloca en la informalidad laboral, al que se le descuenta la cuota de seguridad social pero que el empresario retiene ilegalmente, al que lucha por no morir producto de que el empresario no cumple las normas de seguridad laboral; se moviliza el campesino porque no puede sacar sus productos ante la falta de caminos, porque la escuela de su hijo es menos que rancho, porque sus hijos mueren de desnutrición; se moviliza el indígena que es desplazado de sus tierras ancestrales porque los gobiernos han decidido favorecer a las transnacionales mineras a pesar que contaminan el ambiente; se moviliza el estudiante porque el aumento del costo de la vida parece no tener fin, porque en sus escuelas se están cayendo y no hay material didáctico; se moviliza el docente que se opone a la imposición de un proyecto que busca profundizar la desigualdad social, al negar la oportunidad a los estudiantes a recibir una educación integral, humanitaria y científica; se movilizan los profesionales que han visto pauperizarse sus condiciones materiales de vida.

Es decir, ¿quiénes son los “famosos terceros”?, ¿los que crea el gobierno a través de sumas millonarias (22 millones) que entrega a los medios de comunicación social? Dónde están los derechos de los primeros, es decir del pueblo, que sale a protestar porque se le ha violentado un derecho universal y constitucional.

Es sabido por todos, que nunca las movilizaciones y cierres de avenida son la primera acción del pueblo, siempre previo a ello ha existido las cartas de denuncias y solicitudes, las cuales son desatendidas por las autoridades. Es sabido que las propuestas del pueblo siempre son descartadas por el gobierno, porque no se corresponde con los intereses de los grupos de poder económico y político (las 100 familias que integran la mafiocracia).

Nunca la violencia en las acciones de cierre de calles la inicia quienes ejercen el derecho a la protesta, son los llamados cuerpos policiales los que inician la represión.

A este gobierno no le interesa controlar la inseguridad ciudadana, la delincuencia que se vive, todas sus acciones, y la creación del Ministerio de Seguridad, las bases aeronavales y la incorporación de los miembros de las extintas Fuerza de Defensas a la Policía Nacional son claro ejemplo de ello, están dirigidas a penalizar la protesta social, a reprimir al pueblo. Esta ley fascista del gobierno impone “cárcel para el pueblo”, pues sabe que en julio se sentirán los efectos del aumento del ITBMS a 7%, porque sabe que el pueblo trabajador estará en las calles rechazando las reformas a la seguridad social y al Código de Trabajo.

Ante la intimidación del gobierno de Martinelli, este primero de mayo movilización popular.

*Secretario General del SUNTRACS rologe54@yahoo.com

***